La consejera de Educación, Rocío Lucas, volvió a mostrar la postura de Castilla y León sobre la nueva Ley de Universidades (LOSU), durante la Conferencia General de Política Universitaria, celebrada en Madrid, al exigir al Gobierno de España que financie “al cien por cien” la puesta en marcha de la norma, “una Ley implantada por el
Gobierno sin el consenso con las comunidades autónomas, sea asumida al cien por
cien por el Ministerio de Universidades”.
En este sentido, la consejera recordó que la Junta lleva
“años” realizando “un gran esfuerzo en política universitaria”, lo que supone a
su vez un “gran esfuerzo presupuestario” para entre otras cuestiones “mejorar
las tasas, mejorar las becas y mejorar la oferta educativa”. “Queremos seguir
implantando esa política universitaria en nuestra comunidad autónoma”, subrayó
Lucas, al tiempo que insistió en exigir al Ministerio que financie “al cien por
cien” la contratación de los profesores ayudantes doctores porque en caso
contrario “se va a quedar como gasto estructural para la junta de Castilla y
León”.
“Las comunidades autónomas también tenemos nuestra política
universitaria y queremos que siga existiendo”, enfatizó antes de insistir en
que habrá que esperar a saber el “planteamiento del Ministerio” aunque hizo
hincapié en que la Junta volverá a repetir el planteamiento que ya presentó en
los grupos de trabajo: “Que esa financiación sea cien por cien por parte del
Ministerio de Universidades”.
Por otro lado, Rocío Lucas no ocultó su malestar por haber
conocido las intenciones del Ministerio a través de los medios de comunicación.
“Es una queja que siempre hemos manifestado”, señaló detallando que las
comunidades autónomas, que “somos las que tenemos que poner marcha todas estas
cuestiones”, han sido “las ultimas en enterarnos de las decisiones del
Ministerio”. Por ello, las expectativas en cuanto a la reunión de hoy “no son
muy positivas”.
Pese a ello, la consejera indicó que las autonomías seguirán
“planteando y exigiendo algo que es de justicia y que entendemos que es
positivo para nuestras universidades que es que lo que ellos gobiernan y
legislado sea asumido por parte del Ministerio, informa Ical.
