La justicia italiana ha desestimado la causa abierta contra 21 cooperantes pertenecientes a tres ONG de salvamento marítimo acusadas de favorecer la inmigración irregular. Con un coste de tres millones de euros para las arcas estatales y siete años de proceso judicial, este caso se ha convertido en el más largo, costoso y extenso contra las ONG que actúan en el Mediterráneo en Italia. Para las organizaciones implicadas, ha sido un símbolo de los esfuerzos del Gobierno italiano por criminalizar las labores de rescate en el Mediterráneo.