El proceso de participación ciudadana de la proposición de ley de concordia impulsado por PP y Vox en Les Corts ha hecho patente las discrepancias que existen entre quienes denuncian que la norma blanquea el franquismo y oculta a las víctimas de la dictadura y quienes defienden que, con ella, se equipara a todas las víctimas.
Les Corts Valencianes ha iniciado el proceso de participación de las proposiciones de ley sobre memoria histórica, la Agencia Antifraude y Radiotelevisión Valenciana, con las comparecencias de expertos propuestos por cada grupo parlamentario, como representantes de asociaciones de memoria democrática o de Abogados Cristianos.
La jornada ha estado marcada por el informe de la ONU que insta al Gobierno a adoptar “todas las medidas necesarias” en relación con las “leyes de la concordia” impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana para garantizar “la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos”.
A favor de la ley de concordia
Las personas propuestas por el PP y Vox han coincidido en defender una norma que no hace distinciones entre víctimas “sean de donde sean” y que, en su opinión, “viene a subsanar la falta de neutralidad y objetividad de la anterior ley” de memoria democrática, de 2017 y bajo el entonces Consell del Botànic.
Carlos Casañ, hermano de José Edmundo Casañ, asesinado por ETA en 1991, ha manifestado que “todas las víctimas son víctimas” y “no tiene por qué haber víctimas ni de primera, ni de segunda, ni de cualquier color político”.
En este sentido, ha defendido que todas tengan “un tratamiento igual” y ha señalado que aunque no tiene nada que ver una guerra civil con unos asesinatos, “las víctimas son víctimas y deben tener el mismo tratamiento”.
Más allá ha ido la responsable de Relaciones Institucionales de Abogados Cristianos, Ana Antón, para quien la ley valenciana de concordia “viene a subsanar la falta de neutralidad y objetividad de la anterior” normativa, que era, a su juicio, “muy sectaria” y “olvidaba gran parte de las víctimas”.
“Estamos contentos de que esta proposición de ley pueda salir adelante porque así también va a terminar la persecución hacia los símbolos religiosos en la Comunitat Valenciana”, ha manifestado Antón.
En contra de la norma
Los comparecientes propuestos por el PSPV y Compromís han coincidido en denunciar la proposición de ley en tramitación por considerar que devuelve a las víctimas del franquismo “al cajón del olvido” y, además, silencia a las víctimas del robo de bebés y pone en peligro las exhumaciones.
Así lo han planteado Ángel González, víctima directa de la dictadura y presidente de la Coordinadora Memorialista del País Valencià; Paco Alarcón, en representación de la Asociación de Bebés Robados de Alicante, e Isabel Gómez, en representación de la Plataforma Fosas Familiares Paterna.
Los tres han rechazado en su totalidad la proposición de ley y han pedido el mantenimiento de la actual ley autonómica de memoria democrática.
Ángel González ha denunciado que la norma impulsada por PP y Vox “es una maniobra” para devolver a las víctimas que lucharon por la democracia y la libertad “al cajón del olvido y del silencio”, mientras que Isabel Gómez ha dicho que piden algo “tan básico de la condición humana como recuperar los muertos y cerrar un duelo”, y ha advertido de no permitirán que se paralice.
También ha participado en este proceso el presidente en la Comunitat Valenciana del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, quien ha alertado de que la futura ley “es tremendamente regresiva” ya que “en vez de ampliar derechos los cercena gravemente, sobre todo los de las víctimas del franquismo”.
Durante la jornada se han celebrado otra dos comisiones, todas a la misma hora, para llevar a cabo los procesos de participación ciudadana de las proposiciones de ley sobre la Agencia Antifraude y Radiotelevisión Valenciana, donde también comparecen expertos llamados por los diferentes grupos parlamentarios.
El lunes tendrán lugar las dos últimas comisiones en las que se escuchará a expertos relacionados con los proyectos de ley de libertad educativa y de transparencia.
