Por los cuatro costados, Europa endurece sus políticas migratorias y se blinda a las llegadas. La Unión Europea dio hace unos días el visto bueno final al pacto migratorio, que restringe las condiciones de acogida de solicitantes de asilo y agiliza las deportaciones. Y por el camino, el club comunitario ha tejido una serie de pactos con países de origen y tránsito, como Túnez o Egipto, a los que paga para que eviten las salidas hacia Europa, dejando de lado las preocupaciones por las vulneraciones de los derechos humanos de los regímenes a los que envía esos fondos. Ahora, tras meses de debate, el Reino Unido ha dado luz verde a la controvertida ley que permite la deportación de migrantes en situación irregular a Ruanda gracias a un convenio con el Gobierno del país africano —que va un paso más allá que los de la UE—; una medida en la que, sin el alcance de la norma británica, se han inspirado otras iniciativas, como la de Italia para construir centros de acogida y gestión de solicitantes de asilo en Albania.
La ley de Ruanda, el caso más drástico de cómo Europa endurece la política migratoria
