Un mismo hecho, tener a un hijo gravemente enfermo, genera unos derechos de cuidado u otros en función de la profesión de los padres. Esta es la queja de un grupo de familias organizadas a través de un chat en WhatsApp. Hay unos 700 integrantes, calculan que serán unas 500 familias, todas con algún funcionario o interino. Desde 2011, en España se puede pedir una reducción de jornada de al menos el 50%, percibiendo el salario íntegro, para atender a un hijo con cáncer u otras dolencias graves. Los padres se quejan de que los funcionarios, cuyos permisos son costeados por las administraciones, tienen más trabas para acceder a esta ayuda que en la empresa privada, donde la Seguridad Social asume el pago de las prestaciones. Ana Ramos, con plaza de inspectora de sanidad en la Administración General del Estado, tuvo que llegar a los tribunales porque el máximo que le otorgaban era del 73,34%. Pero su hijo, de apenas un año, padece una enfermedad rara y, si se descompensa, puede ser fatal. Ante cualquier sospecha, la consigna es correr al hospital. Le da 14 dosis de medicación distintas ocho veces al día, también de noche. Así no puede llevarlo a la guardería. Cautelarmente, y mientras espera al juicio, en enero de 2025, le han concedido una reducción de jornada del 99,9%, que solo la obliga a fichar cinco minutos al día.
La pelea de cientos de familias para cuidar a sus hijos enfermos: “Nos discriminan por ser funcionarios”
