La principal asociación de jueces de España reclama a PSOE y PP la “inmediata renovación” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo de los dos principales partidos. En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) defiende que tras el esperado relevo debe procederse a modificar el sistema de elección de los vocales, para que sean los propios jueces los que designen a los doce consejeros de procedencia judicial.
Aunque apremia a que la renovación se lleve a cabo sin demora, la asociación judicial que preside la magistrada María Jesús del Barco, decana de los Juzgados de Madrid, recuerda que siempre ha reclamado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) “que nos permita a los jueces y magistrados elegir a los vocales de procedencia judicial” del CGPJ. Es, hace hincapié, “la primera de nuestras reivindicaciones y es, además, irrenunciable”.
La APM alerta -a la vista de que el posible acuerdo tras la mediación del comisario de Justicia, Didier Reynders, “podría frustrarse”- de que el bloqueo y las recurrentes críticas al Consejo trasladan a los ciudadanos la “injusta” percepción de que “los jueces de este país no somos independientes”.
La asociación lamenta que la reforma que impide al Consejo realizar nombramientos mientras siga en funciones -un cambio legal con el que PSOE y Podemos pretendían forzar al PP a negociar la renovación- “ha privado al Consejo General del Poder Judicial de una de sus funciones constitucionales esenciales, la de hacer nombramientos, lo que está impidiendo la oportuna cobertura de casi un centenar de plazas vacantes en el Tribunal Supremo, de las presidencias de numerosos tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales, etc.”.
A día de hoy, señala, el Consejo está integrado únicamente por 16 de sus veinte Vocales, ejerciendo uno de ellos, Vicente Guilarte, las funciones de presidente. Todas estas circunstancias, se queja, “están impidiendo el normal desarrollo de las funciones propias del Consejo, que se traslada al desenvolvimiento diario de la labor que se desempeña por los jueces y magistrados de este país y, sobre todo y lo que es peor, está perjudicando al ciudadano en el pleno ejercicio de su derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva”.
Situación de “deterioro”
Esta situación “de deterioro y de desgaste”, alerta la APM, “está afectando al funcionamiento ordinario del Consejo General del Poder Judicial, pero fundamentalmente y esto es lo más grave, a la percepción que el ciudadano tiene de la función independiente que cada día desempeñamos los jueces y magistrados de este país”. “Las constantes críticas que, con excesiva frecuencia, se vierten sobre el Consejo y las luchas políticas permanentes, llevan al ciudadano a creer, injusta y erróneamente, que los jueces de este país no somos independientes”, asegura.
La asociación hace referencia a ese “último intento” para alcanzar un acuerdo, recurriendo a la mediación de la Comisión Europea, a través del comisario de Justicia Didier Reynders y al respecto muestra su “preocupación por las noticias que aparecen en los medios de comunicación que indican que dicho acuerdo podría frustrarse”.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura instan al Congreso y al Senado a que “alcancen los acuerdos necesarios y procedan a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial”. “Los mandatos constitucionales deben cumplirse por todos”, insiste.
Una vez alcanzado ese acuerdo de renovación, aboga por proceder a modificar la LOPJ, “tal y como nos está recomendando la Comisión Europea en los últimos años”, “para devolvernos a los jueces la facultad de elegir a los vocales judiciales”. Para la asociación, esta reforma legal es “la única acorde con lo establecido en artículo 122 de la Constitución y que, además, se ajusta a los estándares europeos y recomendaciones de los diferentes organismos de la Unión Europea y del Consejo de Europa”.
La APM recuerda que el su último congreso, celebrado el pasado diciembre, hizo un “llamamiento urgente” a los grupos parlamentarios para llevar a cabo la
renovación del Consejo “ante la gravedad de una situación que no ha cambiado y es de todos conocida”. Desde que el 4 de diciembre de 2018 finalizase el mandato del actual Consejo -subraya- los partidos políticos “han sido incapaces de alcanzar el acuerdo por mayoría de 3/5 para proceder a dicha renovación, conforme exige la legislación actual”.
De manera continuada, lamenta, los respectivos presidentes del Congreso y del Senado “han incumplido la obligación legal que establece el artículo 568
de la LOPJ de adoptar las medidas necesarias para proceder a la renovación mediante la convocatoria de las oportunas Comisiones de Justicia”.
