Las cuatro asociaciones judiciales no se ponen de acuerdo sobre cómo debe llevarse a cabo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ahora que parece que la mediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, no va a conseguir el esperado relevo. Tras reclamar ayer la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) la inmediata renovación del Consejo, las otras dos agrupaciones de la carrera, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente se han opuesto a que ese relevo se produzca con el actual sistema de elección y abogan por abordar primero una reforma legal que deje en manos de los jueces la designación de los doce vocales de procedencia judicial. Para la mayoritaria APM, sin embargo, esa modificación legislativa debe acometerse una vez renovado el CGPJ, mientras que JJpD se muestra contraria a que se condicione el esperado relevo -pendiente desde diciembre de 2018- a que se modifique el modelo de elección parlamentaria de los vocales judiciales.
Y es que aunque la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) también apremia a que la renovación del Consejo se lleve a cabo, prioriza que se haga una vez modificado el sistema de elección de los vocales para dar mayor protagonismo a los jueces, pues considera inconstitucional el actual modelo de designación. Su portavoz, Sergio Oliva, asegura que “el proceso de renovación por los partidos políticos, amen se provocar la politización del órgano de gobierno de los Jueces, es palmariamente inconstitucional”.
“Hay que cumplir con las recomendaciones europeas y, de una vez por todas, permitir que las juezas y jueces de este país elijan a sus doce vocales judiciales. Cualquier atajo en ese proceso provocará que siga la politización del CGPJ y que los vocales designados carezcan de apariencia de independencia y de apariencia de imparcialidad, denigrante al Poder Judicial”.
La asociación hace hincapié en que en 1986 el Tribunal Constitucional, al dar validez al sistema de designación parlamentaria de los doce vocales judiciales, advirtió de que “se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido” y distribuyan los puestos a cubrir “entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”. El TC se decantó por “mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”.
“Como se ha visto en las renovaciones de los últimos CGPJ por el uso de cuotas políticas en la designaciones a modo de reparto de cromos, y siguiendo la habilitación constitucional de la sentencia referida -lamenta Oliva- se ha frustrado la finalidad señalada de la Norma constitucional”.
JJpD lo ve “inaplazable”
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) también considera “inaplazable” la renovación del CGPJ para terminar con una prolongada situación de interinidad para la que considera que “no hay justificación, pero defiende que no se condiciones a la reforma legal del sistema de elección.
“Es inaceptable que se maltrate de este modo a instituciones de su relevancia”, se queja el Secretariado de la asociación judicial en un comunicado.
Para JJpD, las “excusas” para no proceder al relevo del actual Consejo son “inacabables y cambiantes” y “no pueden aceptarse”. A diferencia del resto de asociaciones judiciales, defiende que no puede admitirse que se ponga como “condición para cumplir una ley su modificación, máxime cuando deriva de un mandato constitucional”. Además, se queja de que esta “anomalía democrática” perjudica tanto a la sociedad, como a profesionales del derecho y a la organización judicial, “pues múltiples vacantes no pueden cubrirse”. “Es el momento de renovar y volver a la normalidad”, insiste.
Por su parte, Foro Judicial Independiente sí apuesta, como la AJFV, por modificar antes de la renovación el sistema de elección de los vocales para que el nuevo CGPJ se elija ya con mayor protagonismo de los jueces. En un comunicado, enmarca los llamamientos de la APM y JJpD “en el contexto de un CGPJ altamente politizado que ha posibilitado que el reparto de altos cargos judiciales que le corresponde haya beneficiado preferentemente a los asociados de dichas asociaciones”.
Y aunque comparte con ambas la “preocupación” por la falta de renovación del CGPJ, que achaca a la “falta de aptitud de la clase política para cumplir con sus obligaciones constitucionales”, incide en la necesidad de evitar las “prisas”. “La mejor forma de acabar con la actual situación no es hacerlo inmediatamente, sino hacerlo bien”, subraya.
El actual sistema “lleva dentro la semilla del bloqueo”
“Hay que asegurarse de que esta situación no se repita, y por eso Foro Judicial Independiente lleva años reclamando que, antes de renovar el CGPJ, se reforme el sistema para ello, un sistema disfuncional que, a la vista está, lleva dentro sí la semilla del bloqueo”, expone.
La asociación denuncia además que tras la reforma de marzo de 2021 que impide al CGPJ en funciones hacer nombramientos “crece el número de vacantes” con el consiguiente “entorpecimiento de la función jurisdiccional”, sobre todo del Tribunal Supremo. Además, insiste en que nunca ha presentado ni avalado a candidatos a vocal del CGPJ “mientras no se modifique el sistema en este sentido, permitiendo la representación proporcional de todas las sensibilidades de la carrera”.
“No estamos atados a un estado de la legalidad vigente inmutable”, mantiene Foro Judicial Independiente, que asegura que “como ya ha ocurrido dos veces durante este proceso de renovación (y más que se han anunciado), la ley puede modificarse democráticamente antes de renovar el CGPJ”. Un Consejo que, destaca, “posiblemente sea el más importante de todos los que ha habido”, dado el número de plazas que están quedando vacantes, casi un centenar, por la imposibilidad legal de que se cubran mientras el Consejo siga en funciones.
“La pregunta que tenemos que hacernos -sostiene la asociación- es si queremos que todas esas vacantes sean cubiertas por un órgano altamente politizado que debe su composición a los acuerdos de los partidos y cuya política de nombramientos esté contaminada por ello, o bien por un órgano que deje de estar secuestrado por intereses políticos”.
