Castilla y León es una de las regiones de la España autonómica que más está sufriendo las consecuencias de la inclusión del lobo ibérico en la lista de especies protegidas (Lespre) por parte de la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.
De hecho, el número de ataques de este animal a la ganadería castellano y leonesa entre 2022 y 2023, que han crecido en las nueve provincias salvo Valladolid y Salamanca, ha superado los 6.600. En concreto, 6.634, según informa la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en respuesta a una pregunta parlamentaria del procurador socialista Juan Luis Cepa.
Ávila registró 2.853 ataques; Burgos, 318; León, 557; Palencia, 452; Salamanca, 234; Segovia, 1.520; Soria, 66; Valladolid, 48; y Zamora, 678.
La Junta ha tenido que pagar 3,4 millones de euros a los ganaderos afectados por los daños causados a su cabaña en estos ataques. Junto a esta cantidad abonada, está el pago de 127.000 euros por sentencias judiciales estimatorias.
Por este número de agresiones a la ganadería se presentaron 3.109 solicitudes de ayuda o pago en 2022 y otras 3.631 en 2023, de las que se estimaron 2.996 y 3.107, respectivamente, por lo que finalmente se abonaron 1.693.962 euros y 1.691.865 euros en el segundo año evaluado. El último censo revela la existencia de unas 200 manadas en Castilla y León.
La Junta insiste en pedir al Gobierno de España que permita a las autonomías el control y la gestión del lobo y que saque a este animal del Lespre. Además, el Gobierno de la Comunidad urge a Sánchez a materializar ya la decisión de Bruselas de flexibilizar su nivel de preservación, conocida el mes de diciembre, y recuerda al Ejecutivo central que cuenta también con el aval de las Cortes a través de las iniciativas parlamentarias aprobadas.
