La última propuesta en materia fiscal presentada por la Generalitat de Cataluña ha hecho saltar todas las alarmas de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el cuerpo de élite del ministerio que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. El documento, redactado y publicado por el Govern de ERC la semana pasada, plantea una “financiación singular” para Cataluña, lo que daría pie a la cesión y gestión del 100% de los impuestos que se recaudan en la Generalitat a cambio de una aportación negociada para el Estado y las comunidades con menor capacidad fiscal. Algo parecido al actual concierto vasco. Este modelo, advierten los inspectores, es a día de hoy “inconstitucional” y, de salir adelante, “sería de muy difícil reversión y provocaría situaciones de desigualdad, desintegradoras para la ciudadanía española, afectando al deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.
Los inspectores de Hacienda ven “inconstitucional” el cupo catalán y creen que aumentaría el fraude fiscal
