En medio de un proceso lleno de cambios a última hora, y sin un cronograma electoral publicado formalmente como manda la ley, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido cerrar la puerta electoral a la oposición. La inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado, ganadora indiscutible de las primarias de octubre pasado, finalmente la condujo a presentar una candidatura sustituta, encarnada en la profesora universitaria Corina Yoris, una académica de 80 años.
Pero Yoris, también miembro de número de la Academia Venezolana de la Lengua, tampoco ha podido formalizar su inscripción. El sistema de postulaciones, una plataforma digital a la que tienen acceso representantes designados por los partidos políticos, fue cerrado de manera irregular y sin explicaciones por el Consejo Nacional Electoral (CNE). De esta forma, los únicos dos partidos políticos de la alianza opositora Plataforma Unitaria que sobrevivieron a la escabechina de credenciales días antes tampoco habían completado la postulación. Faltaban horas para el cierre del plazo.
Yoris denunció este lunes que sus derechos estaban siendo conculcados, puesto que sobre ella no pesa impedimento legal alguno: no ha sido inhabilitada, no ha tenido cargo público antes ni causa judicial, y tampoco tiene doble nacionalidad, un bulo iniciado en redes sociales por cuentas oficialistas a partir de una entrada modificada de Wikipedia que generó una respuesta incluso por parte de diputados uruguayos emitiendo aclaratorias al respecto.
«No solamente son los derechos de Corina Yoris que están siendo conculcados, sino de los partidos políticos de ofrecer una candidatura al pueblo venezolano (…) se queda todo el país porque están siendo negadas todas las posibilidades», reiteró la candidata. Denunció que no es un tema de su nombre sino «el de cualquier ciudadano que está siendo negado de poder inscribirse con estas tarjetas”.
En vista de los problemas, la Plataforma Unitaria exigió que el lapso fuese alargado durante tres días más, para subsanar el problema. Pero la comunicación enviada al CNE tampoco ha recibido respuesta, y los intentos por acudir a la sede del organismo de manera presencial fueron infructuosos en vista de que el centro de Caracas, donde se ubica, fue tomado desde tempranas horas por el partido de gobierno para acompañar a Nicolás Maduro a inscribir su candidatura para la reelección.
Hasta ahora, hay una decena de políticos inscritos para competir por la presidencia de Venezuela. La mayoría, parte de la «oposición permitida» por el régimen chavista. Allí se cuentan los diputados Luis Eduardo Martínez, Juan Carlos Alvarado, Javier Bertucci y José Brito, el humorista Benjamín Rausseo, los exalcaldes Daniel Ceballos y Claudio Fermín, el abogado Antonio Ecarri y el pastor evangélico Luis Ratti. Solo Rausseo aparece en encuestas, mientras que el resto no supera el error muestral. Machado aparece en estudios de opinión con más de 70% de respaldo popular.
Yoris sería la única mujer en competencia, pero no se permite su candidatura. Sectores del chavismo la ven como «la candidata proxy de Machado y no se puede permitir que ella compita». La líder opositora fue inhabilitada por 15 años y despojada de derechos políticos, pero ahora la prohibición se hace de facto extensiva a quien ella señale como su representante en la boleta electoral.
En medio de este fragor, continúan las conversaciones entre la dirigencia política opositora mientras se intentan avanzar negociaciones con el régimen para que permita la inscripción de alguna candidatura, con el peligro de que ambas tarjetas electorales controladas por la oposición queden excluidas por completo. Ese escenario dejaría abierta la posibilidad de que la oposición denuncie el proceso como ilegítimo por completo y opte por el boicot, como ya pasó en 2018.
Según analistas como Carmen Beatriz Fernández, ese sería un escenario ideal para Maduro, que le permitiría ganar sin competencia. La legitimidad, o falta de ella, es un asunto con el que podría lidiar como ya lo hizo en la elección pasada, que le ocasionó el repudio de las potencias occidentales y países vecinos, pero no disputaron su control del poder.
Sin embargo, la Plataforma Unitaria, que no deja de recordar que el Gobierno firmó pero incumple el Acuerdo de Barbados con el que se comprometió a permitir una elección respetable, ha dicho que bajo ninguna circunstancia abandonará la ruta electoral. Y no hay forma de que Maduro le gane a una candidatura fuerte de sus adversarios, según confirman todos los estudios de opinión. María Corina Machado dijo este lunes que «si el candidato lo escoge Maduro, no son elecciones».
Fuentes partidistas han confirmado a este periódico que los partidos UNT y MUD, los dos que pueden postular a nombre de la plataforma opositora, inscribirán un candidato pase lo que pase. La única certeza es que hay un compromiso de participar del proceso, pues es la única manera, además, de poder registrar testigos el día de las votaciones.
En el CNE se impone el silencio. Las convocatorias a declaraciones de sus autoridades han quedado en nada y no se ha explicado por qué cerró el sistema de postulaciones, qué impedimento tiene Corina Yoris o las razones por las cuales se han añadido condiciones de postulaciones no incluidas en los planteamientos originales.
El presidente del organismo fue visto este lunes en el acto público de Maduro de inscripción de su candidatura por seis años más de gobierno, aspirando completar 17 años en el poder. Una de sus próximas medidas, según anunció su vicepresidenta, es aprobar con celeridad una ley «contra el fascismo y el neofascismo» que permita castigar cualquier actividad o «expresión» considerada como tal en la política venezolana pero también en la «vida nacional». Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el objetivo es silenciar a toda disidencia mediante consideraciones discrecionales que permitan que hasta un post en redes sociales sea validado como causal de medidas gubernamentales.
