El mapa de calor del INE de los pisos turísticos en Andalucía apunta a la costa y muestra la franja de mayor temperatura en el litoral. En Huelva destaca Ayamonte, con más de un 5% de presión. En la provincia gaditana sobresalen Sanlúcar de Barrameda (2%), Puerto de Santa María (6,59%), Cádiz (6,5%), Chiclana de la Frontera (3,79%), Conil (por encima del 15%), Vejer (14,46%), Barbate (14,32%), Tarifa (15,26%) y San Roque (cerca del 4%). En Málaga: Manilva está en un 6,25%; Casares, en un 7,78%; Gaucín, en un 3,76%; Estepona, en un 6,29%; Benahavís, en un 8,78%; Marbella, en un 10%; Ojén, en casi un 5%; Mijas, en un 6,41%; Fuengirola, en un 4,19%; Benalmádena, en un 8%; Torremolinos, en un 5,31%; Málaga capital, por encima del 4%; Nerja, en un 13,5%; y Almuñécar, en casi un 6%. En la costa de la provincia de Granada, Salobreña está alrededor del 3% y Adra en un 2,28%. En Almería, Roquetas de Mar está en un 2%;Almería, en un 2,24%; Níjar, en un 11,64%; Mojácar, en un 9,2%; Vera, en un 24,47%; y Pulpí en un 4,27%. De interior, destaca Monachil, en Granada, con un 7,39% o Zuheros, con casi un 4%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística son de agosto del pasado año. El Banco de España resalta también la presión en los centros urbanos de Sevilla, donde se llega al 14%, además de Málaga y Marbella (por encima del 60%). La media española de alquiler vacaciones ronda el 10% en el centro malagueño se dispara al 50%. La Costa del Sol está cerca de las 600.000 plazas de alojamiento al dispararse las viviendas turísticas. Hay casi un 80% más de establecimientos desde 2019, pese al Covid.
El último informe del Defensor del Pueblo Andaluz señala que «últimamente se observa cada vez más conflictividad en relación con este sector de la economía tan relevante para nuestra comunidad autónoma, como consecuencia del creciente rechazo que genera el turismo masivo en aquellas ciudades y zonas donde el mismo se hace notar de forma más intensa». «Es notorio que la proliferación de viviendas turísticas en entornos residenciales está ocasionando cada vez más conflictos en aquellas localidades donde la presión turística ha aumentado en los últimos tiempos y su incidencia es mayor. Unos conflictos que son de muy diversa índole por las variadas afecciones que esta actividad tiene en diferentes órdenes de la vida normal de las ciudades», señala el Defensor.
Según el censo de la Consejería de Turismo, la comunidad cuenta con un total de 112.128 viviendas con fines turísticos (VFT) y 589.217 plazas. Once meses antes había 91.537 viviendas turísticas y unas 480.000 plazas. El aumento, por tanto, es de un 22% en un año.
Entre los motivos de cuestionamiento de esta modalidad de actividad turística destaca «el que pone de relieve su incidencia en el sector del alquiler residencial al que tensiona, tanto por la limitación que comporta en la oferta de viviendas disponibles, como por la elevación que supone en los precios de esta modalidad residencial». «Son muchas las personas que denuncian la dificultad para encontrar alquileres a precios razonables en las zonas más demandadas de la ciudad como consecuencia, entre otras razones, de la opción de los propietarios por destinar sus viviendas a usos turísticos no residenciales», recoge. También se denuncia «cada vez con más énfasis la creciente gentrificación de algunas barriadas, de las que son expulsados sus residentes tradicionales, no solo por la presión inmobiliaria de las viviendas turísticas, sino también por la desaparición del tejido comercial y de servicios propio de cualquier entorno residencial, que se ve sustituido por hoteles o establecimientos de hostelería». «Todo esto está provocando una creciente oposición ciudadana a un turismo de masas que se considera más perjudicial que beneficioso, generándose un sentimiento, al que se ha denominado «turismofobia», que se traduce en una creciente demanda hacia los poderes públicos para la adopción de medidas efectivas que permitan salvaguardar los derechos de los vecinos frente a los intereses de los poderosos sectores económicos que dependen de la actividad turística», apunta el Defensor. «Una de las principales demandas de esta parte de la población que repudia los excesos del turismo de masas es la prohibición o cuando menos limitación de las VTF, las viviendas con fines turísticos, que han proliferado en todas las ciudades andaluzas, con especial incidencia en aquellas con mayor potencial turístico. Un rechazo hacia estas viviendas que resulta especialmente notorio entre aquellas personas que viven en entornos residenciales y han de soportar en sus mismos edificios o en sus proximidades las molestias que generan estos pisos turísticos», añade la Oficina del Defensor.
