El pasado octubre, la Agencia de Salud Pública de Barcelona (Aspb) publicó un estudio que enumeraba los barrios con el aire más contaminado de la capital catalana. Este reveló que los seis con más contaminación se encuentran en el mismo distrito de la ciudad condal: el Eixample. Según el informe, la emisión de partículas contaminantes del aire en Barcelona que disminuyeron durante la pandemia –gracias a las restricciones– han vuelto a aumentar desde 2022 con la vuelta a la normalidad.
En el caso del Eixample, supera en 10 puntos la contaminación de media de la ciudad. Sigue encabezando los niveles más elevados de NO2, con una media que supera el límite legal anual permitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El barrio más contaminado de todos es La Dreta de l’Eixample, seguida de L’Antiga Esquerra de l’Eixample, del barrio de Sant Antoni y de La Nova Esquerra de l’Eixample.
Respecto a esta problemática, el Govern prevé aprobar un decreto ley que presentaron hace tres semanas. Se trata de un nuevo Plan de Calidad del Aire que, entre otras cosas, prohibirá la circulación de vehículos diésel con etiqueta amarilla (B) en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta medida se aplicará en los municipios catalanes de más de 50.000 habitantes y los de más de 20.000 habitantes que «superen los valores límite de calidad del aire», como establece la Ley estatal de cambio climático.
Fue el conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, quien presentó este plan, y eligió hacerlo ante la Eixample, la zona con más reivindicación social y vecinal para mejorar las condiciones del aire. La entidad Eixample Respira, no obstante, creen que el documento no es lo suficientemente ambicioso.
El portavoz de Eixample Respira, Genís Domínguez, asegura que, además de que llega tarde –ya que se retrasa la llegada de la aplicación de zonas de bajas emisiones hasta 2028– el plan genera «serias dudas de que estas pequeñas medidas tengan un impacto sobre la contaminación».
El Eixample es el distrito con el aire más contaminado, sobre todo, debido a la capacidad de vehículos que tiene. «El distrito dispone de muchas calles rectas que lo atraviesan con múltiples carriles y en un solo sentido. Todo esto hace que la capacidad de vehículos del Eixample sea muy alta y que se utilice la Eixample como zona de paso», asegura Domínguez, quien también lo atribuye a la elevada cantidad de servicios de movilidad que hay, ya que está en el centro.
«Hay muchas calles que son de más de tres carriles, en los que circulan más de 30.000 vehículos cada día, calles donde viven vecinos y hay mucha actividad, hay escuelas, hay comercios y hay mucha gente desplazándose. 30.000 vehículos, 50.000 vehículos, 60.000 vehículos son números que manejan las autopistas, claramente», detalla el portavoz de la entidad.
Es por ello que para Eixample respira el principal objetivo es reducir el uso del vehículo privado, y la medida estrella que proponen es el peaje urbano. Según Domínguez, esta medida complementaria a la zona de bajas emisiones permite regular la cantidad de vehículos que acceden a la ciudad y que la transitan. «Con esta única medida, sabemos –porque se ha aplicado y demostrado en otras ciudades– que podría reducir la contaminación a los niveles objetivos y que nos pide la Unión Europea».
Desde Eixample Respira lamentan las condiciones de contaminación con las que tienen que vivir en el distrito y evidencian las consecuencias en la salud que puede tener. «Hay muchas enfermedades que no se está atribuyendo a la contaminación, pero que realmente la contaminación lo causa o es una agravante. Durante el embarazo, la contaminación ya puede tener un impacto en el desarrollo del niño que va a nacer. También se le atribuye un tercio de asmas infantiles, problemas en el desarrollo cerebral de los niños, cáncer de pulmón, demencia y Alzheimer», asegura Domínguez.
Sin embargo, la entidad celebra la nueva directiva europea que reduce el nivel máximo de nodos a 20 microgramos por metro cúbico para el 2030, que obliga a los países de la Unión Europea a aplicar estos límites máximos en 2030. Una directiva que contempla sanciones a partir del momento que no se cumpla. «La directiva anterior, aprobada en 2011, llevamos incumpliéndola 10 años y no ha pasado nada, ahora esto obliga a las administraciones a tomar muchas medidas muy rápido».
