Dignidad y Justicia (DyJ) se ha querellado en la Audiencia Nacional contra Arnaldo Otegi por el asesinato del directivo de Michelín Luis María Hergueta el 24 de junio de 1980, uno de los 379 crímenes de ETA aún sin resolver. La Guardia Civil ya señaló a Otegi por este asesinato en un informe remitido en enero a la Fiscalía de este tribunal, que archivó las diligencias al considerar que no aportaba datos sobre la autoría del atentando y concluir que en todo caso los hechos están prescritos.
La asociación de víctimas pide al juez que cite a declarar como imputado al líder de EH Bildu y que solicite tanto a la Fiscalía como a la Guardia Civil el informe sobre la supuesta responsabilidad de Otegi en el asesinato de Hergueta que la Fiscalía no tuvo en cuenta.
La denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, señala que el ahora líder de EH Bildu fue uno de los secuestradores del empresario Luis Abaitua (por lo que fue condenado) que obtuvieron de este información sobre Helgueta, que “habría sido transmitida con posterioridad” por el propio Otegi al entonces jefe del “aparato militar”, José Aulestia Urrutia, “Zotxa”, contra el que también se dirige la querella. Otegi era entonces, subraya la asociación, el “lugarteniente” de Aulestia, “tal y como acredita el organigrama de la organización terrorista ETA-pm” aportado al tribunal.
Helgueta, que tenía entonces 51 años, fue asesinado de dos disparos a bocajarro por ETA político-militar, que asumió la autoría del atentado responsabilizando a la víctima de la “represión contra los trabajadores” de la factoría de Michelín en Vitoria.
En esas fechas, señala la denuncia, Otegi, al que apodaban “el gordo”, era al menos desde 1979 “miembro del Estado Mayor de Intervención” de ETA-pm, órgano equivalente al “aparato militar”, encargado por tanto de las accciones terroristas que ordenaba el comité ejecutivo de ETA-pm, del que formaba parte “Zotxa” como jefe de los “comandos”.
Facilitó información “válida y eficaz” sobre Hergueta
Para DyJ, la información facilitada por los secuestradores de Abaitua -entre ellos Otegi- fue “válida y eficaz” para ordenar el asesinato de Hergueta, tal y como apuntó la Guardia Civil en un informe remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado enero, que el departamento que dirige Jesús Alonso archivó al considerar los hechos prescritos.
Dignidad y Justicia considera que existen indicios suficientes de que los dos querellados, junto al resto de integrantes del “comando”, extrajeron de Abaitua “toda la información sobre la identidad, funciones y demás datos relevantes sobre los directivos y demás mandos intermedios” de Michelín en España, entre ellos de Hergueta.
La asociación denunciante esgrime en sustento de la admisión de su denuncia las recomendaciones que incluye el informe del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo de 4 de marzo de 2022, que instó a investigar los 379 crímenes de ETA sin resolver “sin entrar a valorar con carácter previo la posible prescripción”, con el objetivo de “responder a las familias que siguen esperando justicia”. Abogando incluso por la posibilidad de considerar esos crímenes de lesa humanidad, que no están sujetos a prescripción ni a una posible amnistía.
DyJ insta al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge -al que dirige la denuncia porque instruye una causa por el asesinato de Helgueta-, “sin necesidad de entrar a valorar, en este momento procesal, la prescripción o no de los hechos”. Sobre todo, subraya, por la necesidad de preservar “el derecho a la verdad legalmente reconocido a toda víctima del terrorismo, como víctima de vulneración de derechos humanos que es, teniendo en cuenta el altísimo porcentaje de asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA que, hoy día, están sin resolver”.
Entre otras diligencias, DyJ insta al juez a solicitar a Policía y Guardia Civil un informe sobre “la evolución” de Otegi dentro de ETA “y su inclusión y responsabilidad en el Estado Mayor de Intervención” (EMI), precursor del “aparato militar” de la organización terrorista.
El secuestro de Abaitua, clave
La abogada de la asociación de víctimas, Vanessa Santiago, refiere que ETA-pm informó del secuestro de Abaitua a través de sendos “Hautsi”, publicaciones de su “frente cultural” de 1980. En esos escritos recogió que el empresario, también directivo de Michelín, fue secuestrado nueve días y “sometido a interrogatorios para conseguir información sobre la estructura de la empresa, identificación y funciones desempeñadas por los directivos y mandos intermedios” con el objetivo de “llevar a cabo acciones armadas futuras”.
En uno de esos “Hautsi”, de 26 de junio de 1980, que DyJ remite a la Audiencia, ETA-pm señala que fruto de ese interrogatorio se pudo determinar la estructura de “mandos intermedios, esquiroles y colaboradores de la patronal”, entre los que incluye a Hergueta.
En el otro boletín se hacía referencia al conflicto laboral abierto en Michelín para la aprobación de un convenio para las factorías situadas en el País Vasco y justificaba sus acciones terroristas en “la opresión que el capitalismo y la patronal ejercen sobre la clase obrera”. Haciendo referencia, también, al “interrogatorio” a Abaitua durante su cautiverio.
En ese mismo sentido, alude a un comunicado de ETA de 23 de febrero de 1979 en el que alude a que Abaitua estaba siendo sometido a interrogatorio “con el fin de
determinar las posibles responsabilidades delictivas en las que el propio arrestado y otros dirigentes y cuadros intermedios de Michelín S.A. hubieren podido incurrir en la política antiobrera y represiva desarrollada por esta empresa”.
Posteriormente, el 1 de marzo informó de su puesta en libertad una vez “alcanzados los objetivos que se habían fijado”, entre ellos la obtención de la información necesaria “para la planificación de futuras intervenciones”.
