Un vídeo difundido a través de redes sociales de una intervención policial en el barrio madrileño de Lavapiés ha levantado un gran revuelo en las redes sociales. Desde Podemos, Sumar y otros sectores de la izquierda, se ha atacado a los dos agentes policiales que actuaron tras recibir un aviso del servicio de emergencias.
Numerosos sindicatos de policía y de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, han salido en defensa de los dos agentes, y han denunciado que se estaba llevando a cabo “una cacería” contra ellos. Por otra parte, este medio ha intentado contactar con alguna de las asociaciones vecinales del barrio, pero han contestado que “prefieren no pronunciarse” respecto a este tema.
Sin embargo, en verano de 2018 la Asociación de Vecinos La Corrala de Lavapiés ya homenajeó la labor de la policía en el barrio.
El sindicato nacional CEP (Confederación Española de Policía) ha instado al Ministerio de Interior que persiga con firmeza las amenazas contra la integridad física y las injurias que se han vertido en redes sociales contra los dos miembros del cuerpo.
La discusión con Podemos
En una nota de prensa, la ASP (Alternativa Sindical de Policía) ha anunciado que está trabajando para presentar acciones legales contra Serigne Mbayé, secretario de Antirracismo de Podemos. La denuncia tiene como motivo un tuit del Mbayé en el que aseguraba sobre los policías que “la intención ha sido muy clara. Saben dónde y cómo pegar para matar y dónde pegar para reducir. Los discursos y justificaciones sobran”, palabras que ASP considera que caen en la calumnia y la injuria pública, ya que podría interpretarse como que está acusando a los agentes de homicidio en grado de tentativa.
Al respecto, Serigne Mbayé, que ejerció también como portavoz del Sindicato de Manteros, ha respondido a través de su cuenta en la red social X declarando que “Cuando no hay enemigo interno, no hay enemigo externo que pueda causarte daño”, y ha añadido que “aquí no hay miedo”, además de acusar a las asociaciones policiales de intentar callarle.
Posicionamiento de JUPOL
Desde el sindicato JUPOL (Justicia Policial), su portavoz Ibón Domínguez aclaró en un comunicado de prensa cómo se desarrollaron los hechos que han llevado a la polémica. Según éste, dos agentes de la Policía Nacional habrían acudido a Lavapiés tras una llamada de un vecino al 091 porque se estaba produciendo una reyerta entre cuatro personas. Dos de ellos, cuenta, quisieron colaborar, pero los otros dos no, sino que arremetieron contra los policías.
Cuando uno de los agentes intentó inmovilizar a uno de los atacantes, éste le comenzó a morder, por lo que su compañero en el cuerpo tuvo que golpearlo con para que cesase. Además, el detenido rompió la puerta del vehículo policial en el que se le trasladó posteriormente, inutilizándola.
Según declaraba JUPOL, los agentes actuaron dentro del marco de los protocolos de defensa personal policial, en clara desventaja y dentro de una “zona muy hostil” para cualquier dotación policial. Reivindican que se dote a los agentes que patrullen de cámaras de grabación personales para evitar que se difundan vídeos “sacados de contexto”, así como la puesta en marcha de un protocolo del uso de la fuerza que garantice la seguridad jurídica de los agentes ante este tipo de situaciones.
Aunque han asegurado que los datos no son públicos, JUPOL opina que la inseguridad en Lavapiés es pública y notoria, y que ha aumentado en los últimos años, tal y como expresaron a La Razón.
Infodelito.org
Aprovechando los temas de debate que la polémica por el vídeo ha vuelto a poner en relieve, la asociación Una Policía para el siglo XXI, que preside Samuel Vázquez, ha lanzado una plataforma para que la ciudadanía tenga fácil acceso a los datos de criminalidad en las distintas provincias de España. Se puede acceder a ella en Infodelito.org.
Además de noticas sobre actuaciones policiales, la web recopila información estadística acerca de tasas de criminalidad, delitos sexuales, tráfico de drogas, cibercriminalidad y otro tipo de delitos, desgranados por provincias. Según indican, por ejemplo, la tasa de criminalidad en la Comunidad de Madrid sería del 17.02%, con un total de 116.172 delitos.
Reacción por parte del Gobierno
Por su parte, el Ministerio de Interior ha respondido poniendo en marcha una investigación interna para aclarar la legalidad de la intervención de los policías nacionales, y analizará de oficio si pudo haber vulneración de derechos fundamentales a través de su Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH).
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado toda su “confianza” a los agentes de la autoridad, “salvo prueba en contra”.
