El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha logrado finalmente torcer el brazo de la Cámara de los Lores, donde un puñado de laboristas e independientes intentó hasta el final suavizar la llamada Ley de Seguridad de Ruanda. Después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido declarara ilegal el tratado firmado con el país africano para establecer un sistema automático de deportaciones de inmigrantes irregulares desde territorio británico, el Gobierno decidió redoblar la apuesta y sacar adelante una política migratoria a la que Sunak ha vinculado su futuro como primer ministro. La nueva ley elimina en la práctica cualquier posibilidad de que una persona llegada de modo irregular —ilegales, insiste en llamarles la jerga oficial— a las costas del Reino Unido pudiera solicitar asilo. Pero va más allá: declara de un modo voluntarista e interesado a Ruanda un país seguro para los inmigrantes para poder enviarlos allí. De ese modo cierra el paso a cualquier juez o tribunal que pusiera en duda las garantías jurídicas de las deportaciones. Finalmente, el texto deja en manos del ministro de turno la prerrogativa de desobedecer cualquier decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que pretenda frenar los vuelos con inmigrantes.
Sunak se empeña en la crueldad
