La Sindicatura de Cuentas, el órgano de control económico de Cataluña, emitió este miércoles un informe en el que concluye que la Generalitat contrató en el periodo de 2016 y 2020 hasta 154 centros para menores migrantes no acompañados por el procedimiento de emergencia. Se trata de un método que se aplica en situaciones excepcionales, como la compra de mascarillas durante la covid, que permite el contrato y el pago directo del servicio. Según el ente fiscal, estas actuaciones no estaban justificadas por ninguno de los motivos que la ley de contratos prevé. La Generalitat ha alegado que, en ese periodo fiscalizado, la crisis migratoria de jóvenes extranjeros no acompañados en Cataluña, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el movimiento independentista “que paralizó nuestras funciones”, la prórroga de los presupuestos de 2017 para los años siguientes y, la pandemia de la covid, les llevó a utilizar el procedimiento de emergencia.
Un informe destapa irregularidades contables en los centros de menores catalanes
