El fraude de las criptomonedas, el del falso romance, las falsas ofertas de empleo, el phishing y las estafas del amor son los sofisticados timos de la estampita del siglo XXI. La ciberdelincuencia está en auge, con crecimientos exponenciales. Andalucía registró el año pasado más de 80.000 delitos en materia de ciberseguridad, lo que supone un incremento del 42,8% respecto a 2022. Las estafas informáticas aumentaron un 47,6%. El Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía registró en 2023 un 4% más de incidentes (7.800) que el año anterior. La ciberdelincuencia creció un 99% después de la pandemia en Andalucía. Ante esta situación, urge la cooperación entre administraciones.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación, Antonio Sanz, calificaron como «necesario» e «imprescindible» trabajar desde la colaboración entre administraciones y empresas para avanzar en ciberseguridad ante «el desafío» de la ciberdelincuencia, según recalcaron en la inauguración en Sevilla del I Congreso Internacional de Ciberdelincuencia ‘CyberCrime Sevilla 2024’.
Bolaños habló de «un reto de país» y llamó a «un gran acuerdo de país donde estén comunidades autónomas, administraciones públicas y también el sector privado». «Creo que la ciberseguridad ha de ser una política integral, donde no puede haber colores políticos, lo que tiene que haber es la absoluta convicción de que necesitamos hacer políticas que sean absolutamente eficaces en la prevención de este tipo de delitos», señaló.
«Una cantidad cada día mayor de ciberataques, de ciberdelincuentes que intentan acceder a diferente información, y además con métodos cada vez más sofisticados y cada vez más frecuentes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí presentes conocen bien la complejidad y la fuerza de esos ciberataques que sufren las administraciones, las empresas y también los individuos», apuntó Bolaños. En relación a la Justicia, el ministro del ramo señaló vamos hacia «la mayor transformación digital en décadas de la justicia española» y va de la mano de la ciberseguridad. «Queremos tener los mejores medios de protección y los mejores expertos también que conozcan cuáles son las últimas tendencias de los ciberdelincuentes en estos ataques. Y queremos también gestionar, desde el Centro de Ciberseguridad del Ministerio, esa cooperación que ha de ser imprescindible entre comunidades autónomas, distintas administraciones y también Gobierno España», dijo. El alto cargo llamó también a la interoperabilidad entre juzgados porque «una fisura en la seguridad informática que se produzca en un juzgado, puede acabar teniendo efectos a cualquier nivel, porque por ahí puede ser la puerta de entrada para que los ciberdelincuentes accedan».
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación, Antonio Sanz, se unió a la llamada entre administraciones. «Tenemos que trabajar todos juntos. Esto es una batalla conjunta donde todas las administraciones tenemos que ir de la mano. Aquí no hay colores, hay esfuerzo y responsabilidad conjunta», indicó.
Sanz recordó los 70 millones de euros en la puesta en marcha del Centro de Ciberseguridad de Andalucía. El consejero apuntó a «la auténtica necesidad» de abrir un debate y abordar «todo lo que significa el impacto de las amenazas tecnológicas» y «los nuevos instrumentos para afrontar los desafíos que supone combatirlas» considerando que «hoy la vida ya es digital». «Las Administraciones tenemos la obligación de ser motor, de ser impulso de lo que es la política de ciberseguridad, aparte de, lógicamente, ir en vanguardia de todo lo que significa el impulso a la transformación digital», defendió Antonio Sanz.
