El tope al alquiler está siguiendo la «hoja de ruta» que se preveía. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 15 de marzo el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler para limitar las rentas en aquellas zonas declaradas como tensionadas por las comunidades autónomas que así lo soliciten. Y tal y como había anunciado, Cataluña comenzó a aplicarlo un día después en 140 municipios en los que reside el 80 % de su población. Un mes después, sin embargo, tan sólo otras dos comunidades autónomas, Navarra y Asturias, ambas con gobiernos socialistas, han dado pasos para aplicar una limitación de la que el resto pasa pese a las insistencias del Ministerio de Vivienda para que apliquen la medida dado que son las competentes para hacerlo.
En el caso de Navarra, la Dirección General de Vivienda del Gobierno autonómico se encuentra en proceso de recopilación de datos para poder conocer los precios reales del mercado del alquiler en la comunidad, tal y como anunció el Ejecutivo autonómico el pasado mes de febrero. Se trata del paso previo para la declaración de zonas tensionadas, un compromiso incluido dentro del Acuerdo Programático que suscribieron tras las elecciones las tres fuerzas políticas que sustentan al Ejecutivo de la socialista María Chivite, el Partido Socialista, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
El Principado de Asturias, en el que gobierna el también socialista Adrián Barbón, ha mostrado asimismo públicamente su interés en aplicar el índice. Para hacerlo, comenzará por definir qué zonas se consideran tensionadas mediante un estudio. Después, realizará una ronda de consultas con los ayuntamientos e incluirá las zonas que soliciten. Hasta el momento, sólo Gijón ha requerido ser zona tensionada en dos áreas: los barrios de La Arena y Cimadevilla.
Críticas
Del resto de autonomías, no hay noticias. O ya las hubo para poner de manifiesto su oposición a la medida. Como ya anunciaron en su momento cuando se comenzó a tramitar la Ley de Vivienda de la que el tope a los alquileres es su medida estrella, las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Madrid, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Baleares y Cantabria, no tienen intención alguna de aplicar el tope al considerarlo una medida intervencionista que no solucionará el problema de los precios a pesar de los llamamientos realizados desde el Ministerio de Vivienda para que se aplique en la mayor cantidad de zonas posibles. En el caso de la cántabra, consideran que tiene «el efecto contrario» al deseado. Además, el intento de regular así el mercado es algo que se hace en países «comunistas», según ha declarado el consejero cántabro de Fomento, Roberto Medina.
Incluso la tercera comunidad autónoma que ahora mismo permanece en manos socialistas, Castilla-La Mancha, se ha mostrado escéptica respecto a la posibilidad de aplicar los topes. La Junta de Castilla-La Mancha presidida por Emiliano García-Page, ha realizado un análisis de zonas con precios del alquiler tensionados, pero no las declarará oficialmente para introducir los controles de rentas, sino que apuesta por elevar la oferta disponible mediante la construcción de vivienda en esas áreas. Aunque el ejecutivo autonómico destaca en su «Estrategia para el fomento de la promoción de viviendas en régimen de cooperativa de Castilla-La Mancha» que las provincias de Guadalajara y Toledo, concretamente las zonas del corredor del Henares y La Sagra Alta, limítrofes con Madrid, son las que tienen los precios más tensionados, su idea es afrontar el problema de la subida de los precios incrementando la oferta.
Rango de precios
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler es la medida estrella de la Ley de Vivienda. La norma establece que los alquileres en las denominadas áreas tensionadas serán topados en todos los casos, tanto para grandes como pequeños propietarios, así como para contratos de inmuebles que ya estén en el mercado de alquiler y para nuevos. En el caso de los pequeños propietarios, los topes se establecerán mediante la indexación en la renovación del contrato a la renta anterior, aunque se permitirán pequeños aumentos de precio si la vivienda ha sido mejorada. Cuando el propietario sea lo que se denomina un gran tenedor -persona física o jurídica con diez o más viviendas, o cinco si lo decide así la comunidad autónoma de turno-, no sólo se tendrá en cuenta el contrato anterior sino también el índice de referencia y se establecerá en la renovación el precio más bajo.
En el caso del índice de referencia, no se tratará de un precio fijo, sino de un rango que se fija a partir de una serie de características de la vivienda tales como la superficie, el estado conservación, si tiene ascensor o no, aparcamiento, año de construcción, zonas comunes y otras características. El objetivo de este rango es que las viviendas «con menos valor» no puedan incrementar su precio al ser equiparadas con viviendas de mayor calidad en la misma zona.
Según las estimaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda, el índice establece precios para los alquileres hasta un 48% inferiores a los de mercado en las áreas tensionadas.
