Octubre de 2023. Nueva York, Estados Unidos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en un desayuno informativo, y anuncia: “A partir de 2024 va a entrar en vigor una nueva deducción del 20% sobre la renta [en el tramo autonómico] para los inversores extranjeros que se conviertan en nuevos contribuyentes, cuya inversión sea tanto en activos financieros como inmobiliarios, y que se queden a vivir entre nosotros”. No es cualquier cosa. Si ese inversor (español o no) residente en otro país desde hace al menos cinco años se compra una vivienda de 300.000 euros en la región, se ahorrará 60.000 en impuestos a lo largo de seis años. Si el inmueble asciende a medio millón, la bonificación llegaría a los 100.000. Y así sucesivamente. Sin embargo, la mitad del proyecto queda volatilizado apenas seis meses después del anuncio. Ocurre este miércoles. Tras meses de críticas de la oposición contra una medida que podría calentar aún más los precios de la vivienda en la región, el Ejecutivo decide limitar la bonificación a inversiones financieras, y no aclara si recuperará (o no) las inmobiliarias en otro proyecto.
Ayuso rectifica y no premiará con rebajas fiscales de miles de euros a quienes se muden a Madrid desde el extranjero y compren una casa
