Mayerlin llegó en 2017 a España, pero no fue hasta el año pasado cuando encontró su primer empleo. Gracias a Cáritas Española. Hoy trabaja como clasificadora de ropa en la planta de reciclaje de residuo textil ubicada en Valencia que pertenece a Moda Re-, el proyecto de referencia de la economía social, circular y solidaria de la plataforma social de la Iglesia. Este contrato de inserción ha permitido además a Mayerlin sacarse el carné de conducir, tener un coche, y estudia para el examen de nacionalidad.
Esta migrante de 33 años es solo una de las 68.065 personas a las que Cáritas Española acompañó en la búsqueda de trabajo, un 4,9% más que el año anterior. Además, una de cada cinco personas que participó en alguno de sus itinerarios logró reinsertarse en el mercado laboral. «Es una buena noticia, pero insuficiente. Queda un 80% que no ha podido acceder a un empleo», lamenta a LA RAZÓN Ana Heras, coordinadora del equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española. Y no será por falta de recursos por su parte, en tanto que invirtieron solo el año pasado una cifra récord de 136,8 millones de euros en estos programas, empresas de inserción, comercio justo…
De hecho, en la última década la Confederación se ha situado como una de las mayores promotoras de empresas de inserción de España, con 68 iniciativas de economía social y 265 líneas de negocio, con una facturación total de 85,8 millones de euros. Esas actividades van desde el reciclaje textil hasta la gestión ambiental y de residuos, pasando por limpieza, transporte, mensajería y restauración. En total, generan 3.141 puestos de trabajo, de los cuales 2.348 fueron ocupados por personas en situación de exclusión.
«No podemos apoyar solo nosotros, necesitamos que el tejido empresarial y las administraciones públicas respalden estos proyectos y no se olviden de que son los garantes de los derechos», añade Heras. Entre otras cosas, porque acceder a un contrato no garantiza salir de la exclusión ante la precariedad laboral: «Si sumamos bajos salarios y alto precio de la vivienda, se traduce en incapacidad para llevar una vida digna».
A este contexto se une otro hándicap que coincide con el perfil de sus principales beneficiarios: mujeres migrantes. Tal y como certifica la coordinadora de Economía Solidaria, «muchas de las personas a las que acompañamos si no acceden a su regularización no pueden ser contratadas, por lo que se convierte en una barrera infranqueable, se quedan fuera». De ahí la implicación de la Iglesia española en la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de inmigrantes que el Congreso ha aprobado para su tramitación con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo VOX.
