Las irregularidades que rodearon las adjudicaciones del “caso Koldo” a la sociedad de la trama, Soluciones de Gestión y Apoyo a las empresas, queda de manifiesto en la sentencia que LA RAZÓN adelantó ayer. Se trata de una resolución de la Audiencia Provincial de Zaragoza en la que desestima el recurso interpuesto por la sociedad, adjudicataria de los nueve contratos bajo sospecha, contra la sentencia que descartó que el abogado Ramiro Grau vulnerase su derecho al honor.
“Soluciones de Gestión no podía concurrir a esa contratación pública destinada a la adquisición de mascarillas” porque su objeto social “a todas luces resulta ajeno a un suministro de material sanitario”, señala la sentencia.
Tras las numerosas pruebas aportadas por Grau, la resolución señala los numerosos puntos oscuros tras la elección de Soluciones de Gestión. “Existió una contratación pública con un ‘modus operandi’ rodeado de severos interrogantes jurídicos y con elusión de requisitos que aun en los casos de extrema urgencia, eran exigibles a los operadores jurídicos”.
La resolución también destaca que la empresas que se hizo con las adjudicaciones por 53 millones de euros de dinero público en plena pandemia “incumplía de principio a fin todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública, aun en supuestos de emergencia”
Por ello, al analizar las pruebas aportadas por el demandado y los recortes e interpretaciones que aporta el abogado representante de Soluciones de Gestión, al que reprocha que ni siquiera incluya los artículos íntegros que motivarían la demanda, el tribunal desestima el recurso y señala que la mercantil “no podía concurrir a esa contratación pública destinada a la adquisición de mascarillas”.
“No es entendible ni aceptable”
La resolución, que data del 27 de marzo pasado, indica que “no es entendible ni aceptable que esa contratación millonaria de suministros” se adjudicase a Soluciones de Gestión.
Además, recalca que era una empresa “completamente desconocida en el tráfico jurídico/económico del sector” y considera demostrado que su actividad no estaba relacionada con el suministro de material sanitario, que carecía de antecedentes para hacerse con contratos públicos y que apenas había tenido actividad en los años anteriores.
