Como la irreductible aldea gala de Astérix, Cataluña es la única comunidad española que ha pedido aplicar la regulación del precio de los alquileres que contempla la Ley de Vivienda aprobada hace un año. En los 140 municipios declarados zonas de mercado tensionado, los precios deben congelarse o bien ajustarse al índice oficial (incluso bajando la renta) si el casero tiene más de cinco viviendas. Y no es la primera vez. Durante 18 meses, entre 2020 y 2022, la comunidad ya congeló o bajó los precios en los 61 municipios más poblados, con un decreto autonómico que tumbó el Tribunal Constitucional en respuesta a recursos del Gobierno de Pedro Sánchez y del PP, que cuestionaban que Cataluña tuviera competencias para adoptar esa decisión. Con unos precios que, de media, han subido un 65% en la última década y con la vivienda como principal gasto de las familias, el Centro de Estudios de Opinión (el CIS catalán) revela que el 81% de los catalanes está a favor de “regular por ley los precios de los alquileres”.
Las promesas de los partidos en materia de vivienda
ERC. Esquerra promete 1.000 millones al año para políticas de vivienda, velar para el cumplimiento de la contención de precios del alquiler, 10.000 nuevas viviendas de alquiler asequible cada año (con fórmulas como el tanteo y retracto, comprando, construyendo o promoción delegada), una Ley de Arrendamientos Urbanos catalana, exigir la cesión de los pisos vacíos de la Sareb y regular los pisos turísticos.
PSC. 4.000 viviendas anuales más al parque público en suelos cedidos o colaborando con los Ayuntamientos, plan de rehabilitación de pisos de más de 50 años de antigüedad (comenzando por 30.000), incorporar entre 140.000 y 200.000 viviendas al parque de vivienda protegida en siete años, promover la colaboración público-privada, y líneas de financiación para construcción de vivienda de alquiler y social.
Junts. Colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda asequible, líneas de financiación público-privadas, reclamar los 3.000 pisos de la Sareb, producir hasta 1.500 pisos al año por parte de la Generalitat (con una reserva del 30% para menores de 35 años y una del 10% para mayores de 65), transformación de locales comerciales en vivienda para colectivos vulnerables, medidas para mejorar la confianza en el alquiler, rehabilitación de 25.000 viviendas al año.
Comunes. Destinar entre el 1% y el 1,5% del PIB a vivienda (2.600 y 3.900 millones de euros al año), llegar al 10% de alquiler social en el conjunto de Cataluña en 2044 (el 15% en municipios tensionados), 15.000 pisos de alquiler social con varias fórmulas (5.000 tanteo y retracto, 10.000 promovidos por el Incasòl), ceder suelo a cooperativas, aplicar la obligación de que los promotores destinen un 30% de sus promociones en suelo consolidado a vivienda social a toda Cataluña y una inmobiliaria pública para gestionar el parque en alquiler social.
CUP. Suspensión de los desahucios, expropiar a los fondos buitres para fortalecer el parque público, una LAU catalana, destinar el 1,5% del PIB a vivienda, regular la propiedad del suelo al servicio de las clases populares, frenar la venta de suelo publico residencial a manos privadas, obligar a los promotores a destinar un 50% de sus construcciones de vivienda a pisos sociales, banca pública que financie la rehabilitación de vivienda pública.
PP. 50.000 viviendas de promoción pública, desgravaciones fiscales de hasta 3.000 euros a los jóvenes de menos de 30 años que paguen alquiler, que la Generalitat avale la fianza del primer contrato de alquiler y el 15% de las entradas para hipotecas al mismo colectivo.
