«Hay que cerrar ese pseudomedio, esa fábrica de bulos e insidias», dijo un funcionario de bigote apaisado. «Es intolerable que se opine de esa forma sobre el Caudillo, que siempre vela por nosotros», apuntó otro blandiendo un grueso lápiz rojo. «No agradecen sus esfuerzos por los españoles», intervino el recién enchufado en el Ministerio de Información. «Incluso se atreven a hablar mal de doña Carmen Polo de Franco», apuntó otra trabajadora franquista al tiempo que dejaba caer una pila de ejemplares del diario «Madrid». Alguien abrió una ventana de la oficina ministerial. Era necesario que entrara aire fresco, aunque no precisamente político. Ese día de noviembre de 1971 habían decidido cerrar ese «pseudomedio» financiado por «antiespañoles». La ley de Prensa del año 1966 estaba dando más trabajo a los censores. Con lo sencillo que era censurar previamente. Ahora tenían que revisar que los periódicos no faltaran a la verdad y a la moral. Lo decía el artículo 2º de esa ley sancionada por Franco.
Cónclave semanal
«El respeto a la verdad y a la moral», recordó en voz alta el jefe de sección entrando en la oficina del Ministerio de Información. Ya tenía experiencia. Fue el encargado de revisar el artículo de Rafael Calvo Serer titulado «No al general De Gaulle» que publicó en el diario «Madrid» un 30 de mayo de 1968. El columnista se había atrevido a insinuar, en un paralelismo velado con el francés, que Franco era un autoritario que había acumulado «todas las desventajas y los inconvenientes de los autócratas». Pero no paraba ahí.
Decía que el Caudillo tenía una «exagerada personalización del poder», que gobernaba «prescindiendo de la opinión», usando plebiscitos, con un evidente «menosprecio» a los que piensan de otra manera. Calvo Serer se había atrevido a afirmar que la encarnación de la Luz de Trento, del Martillo de Herejes, la Espada de Roma, debía retirarse. El funcionario censor sabía que ese artículo de Calvo Serer no era solo suyo. Había intervenido toda la redacción. Los servicios de información documentaron que el equipo de «Madrid» se reunía un día a la semana para pensar. Eran «las cenas de los miércoles». Allí coincidían Miguel Ángel Aguilar, Luis Carandell, Miguel Ángel Gozalo, Nativel Preciado y Ana Zuzarren, entre otros, bajo la dirección de Antonio Fontán.
Habían discutido el susodicho artículo. Lo hicieron con miedo y pasión. Un joven llamado Amando de Miguel, un sociólogo marxista y barbudo que había pasado por la cárcel y firmaba tribunas en la página 3 de «Madrid», propuso en la reunión que el artículo se titulara simplemente «No al general». Al tipo no le había bastado con que el Gobierno le negara la cátedra porque no quería jurar los principios del Movimiento Nacional. De Miguel quería un artículo directo, sin subterfugios. Fontán se negó y salió con el añadido de «De Gaulle» por si colaba. «Aquello era pseudoperiodismo, un bulo, una falta a la verdad y a la moral», recordó el jefe de sección. El número del 30 de mayo de 1968 del diario «Madrid» fue retirado. Era la consecuencia de «un viaje por los incómodos senderos de la discrepancia», como dijo Fontán.
El Ministerio de Información acompañó el secuestro con la incoación de un expediente por vulneración de la Ley de Prensa. ¿A quién se le ocurre criticar al Caudillo? El régimen ordenó la suspensión del periódico durante cuatro meses y una multa de 500.000 pesetas para ahogarlo económicamente. Si lo dejaba sin financiación, moriría. No consiguieron su muerte, y la redacción siguió haciendo periodismo. Pero quien hace la ley hace la dictadura. En noviembre de 1971 se comunicó a los propietarios de «Madrid» que la fiesta había terminado, que habían confundido la libertad de Prensa con el libertinaje, que el Caudillo, su régimen y su familia eran intocables, impunes, sagrados. ¿Cómo osaban insinuar que es un autoritario, un autócrata con un gobierno personalizado? No eran más que una máquina de fango pagada por oscuros poderes que no aceptaban la legitimidad de la situación.
El expediente al diario «Madrid» contenía censura y multas hasta a dieciséis artículos. Para el cierre usaron la excusa de una supuesta irregularidad financiera en la empresa editora. En su último número, el 25 de noviembre de 1971, Antonio Fontán firmó un editorial titulado «Adiós…» Recordaba que habían tratado de ser un diario independiente en la información y en la opinión pese a todos los obstáculos. Afirmaba que una Ley de Prensa que permitía la arbitrariedad gubernamental en función de «la verdad y de la moral» perjudicaba al país y a la formación de la opinión pública. Fontán acabó la pieza expresando la «firme esperanza» de que el periódico regresara a los quioscos. No ocurrió. El 24 de abril de 1973 se produjo la simbólica voladura del edificio que albergaba la sede del diario «Madrid».
