Tras ejecutar hace unos días el Gobierno la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y anular el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera, la de fiscal de Sala, que se produjo con ese nombramiento como fiscal jefe de lo Militar, la exministra de Justicia ve peligrar también su posterior designación como fiscal de Memoria Democrática. Sobre la mesa, el alto tribunal tiene tres recursos contra ese nombramiento: los de la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el que interpuso otro de los candidatos, el fiscal antidroga Luis Ibáñez. El próximo día 30, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo analizarán los tres recursos antes de determinar si hay motivos para anular ese segundo nombramiento, lo que acarrearía por tanto la pérdida de su condición de fiscal de Sala.
Para la asociación mayoritaria de la carrera fiscal, el hecho de que se haya anulado su designación como fiscal togada acarrea también la nulidad de su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática. Y es que la AF argumenta que, en aplicación de la sentencia del Supremo, cuando fue elegida para el cargo el 13 de junio de 2023 era en realidad fiscal de segunda categoría, careciendo por tanto de la condición de fiscal de Sala (al tener la nulidad de su ascenso carácter retroactivo). Dado que en esa segunda ocasión el nombramiento no llevó aparejado la promoción a fiscal de primera categoría, la asociación mayoritaria considera que el acto es nulo de pleno derecho.
Además, esgrime que incurre en causa de incompatibilidad por estar especializada su pareja, el abogado y exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en asuntos de derechos humanos sobre los que –señala la asociación– deberá indefectiblemente pronunciarse Delgado como fiscal de Memoria Democrática.
Asimismo, la asociación que preside Cristina Dexeus incide en otro posible motivo de nulidad del nombramiento, pues considera que tanto el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como dos de los vocales netos del Consejo Fiscal –la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal inspectora, María Antonia Sanz– deberían haberse abstenido por su relación de gratitud con Dolores Delgado –que nombró a las dos últimas para sus respectivos cargos y a García Ortiz al frente de la Secretaría Técnica, puesto clave de la Fiscalía General–.
Posible incompatibilidad
La AF también se queja de que la designación se llevó a cabo sin el preceptivo informe del Consejo Fiscal, pues siete vocales se negaron a emitirlo ante la negativa del fiscal general a debatir con carácter previo esa posible incompatibilidad para el cargo de Delgado por su relación con Garzón.
Por último, sostiene que el acuerdo carece de motivación y se adoptó de forma «arbitraria», haciendo hincapié por otro lado en que fue la propia Dolores Delgado quien, como ministra de Justicia, promovió la creación de la plaza de fiscal de Derechos Humanos a la que finalmente optó un año después de renunciar en julio de 2022 a su cargo de fiscal general por motivos de salud. Además de la exministra y del fiscal Luis Ibáñez, también optaron al puesto el fiscal jefe de Guipúzcoa, Juan Calparsoro, y el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana.
Fuentes de APIF insisten en que todo el procedimiento de elección estuvo marcado por la «arbitrariedad». «Se adelantó la celebración del Consejo Fiscal nada más convocarse elecciones por el presidente del Gobierno», recuerdan, «no se abstuvieron ni el fiscal general ni la inspectora, que habían sido favorecidos por Delgado, y sobre todo el fiscal general rehusó suspender el debate para que se discutiera una causa de incompatibilidad que afectaba a Delgado por las actividades de Baltasar Garzón». Ese debate, añaden esas mismas fuentes, «es competencia exclusiva y decisoria del Consejo, pero el fiscal general asumió la competencia del órgano por entender que no había incompatibilidad».
Fuentes de la Fiscalía General del Estado –que ya vio cómo el Supremo anulaba por «desviación de poder» el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar y, por dos veces, la designación de Eduardo Esteban como fiscal de Menores– defienden que esa primera nulidad no afecta a la elección de Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Tanto la Abogacía del Estado como la propia Delgado defienden la legalidad del nombramiento. Respecto a la pretendida causa de incompatibilidad por su relación con Garzón, exponen que si se produce ese conflicto de intereses, daría lugar a su abstención. Además, niegan que existiese causa de abstención porque no se acredita su amistad íntima con el fiscal general y las dos miembros natos del Consejo Fiscal. Y en cuanto a la falta de informe, la Abogacía ve «inaceptable» esa interpretación, que equivaldría –se queja– a aceptar un «derecho de veto» de los vocales.
