El presunto fraude fiscal en la facturación de conciertos por toda España se agranda. La Seguridad Social le ha reclamado a la empresa Actura 12 una deuda de 4,5 millones de euros por su actividad en 2019. Y, ante la imposibilidad de cobrarla, ha embargado los ingresos que la compañía tenga pendientes de recibir. La medida consta en una notificación enviada este miércoles a entidades y artistas que fueran a realizar pagos a Actura 12, a la que tuvo acceso EL PAÍS: ahí se les dice que deben transferir ese dinero a la propia Seguridad Social. Se destapa así un segundo desajuste de la misma empresa: la Inspección de Trabajo ya detectó un agujero de seis millones de euros en sus operaciones en 2022 por “diferencias de cotización”. Es decir, por infracotizar repetidamente a miles de músicos en sus actuaciones por todo el país. Justamente la precariedad laboral del sector facilita un negocio que resta protección social a los artistas a la vez que provoca pérdidas millonarias para el Estado. Una fuente de Actura aseguró que están en conversaciones con la Seguridad Social para solucionar el asunto y rechazó hacer más declaraciones.
El agujero fiscal por la facturación de conciertos se agranda: la Seguridad Social embarga 4,5 millones a una empresa que infracotiza a los músicos
