El Tribunal Constitucional ha anulado la cesión a País Vasco de la gestión de los funcionarios locales con habilitación nacional, como secretarios y tesoreros locales, una competencia que se incluyó en un precepto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 que ahora ha sido declarado inconstitucional. Los magistrados del tribunal de garantías han estimado, por mayoría, el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo, contará con un voto particular de la magistrada María Luis Balaguer que aún no se ha hecho público.