Las últimas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, o de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sobre el proyecto húngaro de compra de Talgo, vuelven a ser prueba nítida de que el Ejecutivo trabaja para alentar una oferta pública de adquisición (opa) que compita con la del consorcio Ganz Mavag o, incluso, la sustituya si el primer proyecto es vetado. La Junta de Inversiones Exteriores trabaja en un informe para que el Consejo de Ministros pueda decidir en un plazo máximo de tres meses.