El futuro de Cataluña no pasa ni por la independencia ni por acciones unilaterales como un referéndum de autodeterminación. La ley de amnistía, a la que todavía le quedan dos meses de tramitación y le ha ocasionado un severo desgaste al Gobierno, es el punto y final del procés y no la antesala de la reedición del desafío secesionista al Estado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez partía de esta premisa para resolver la crisis territorial en Cataluña junto con una apuesta decidida por el autogobierno y la mejora de los servicios públicos, a los que la Generalitat no prestó la atención debida al priorizar por encima de todo la independencia en los años álgidos del desafío soberanista. Las llamadas a la convivencia y el diálogo han sido constantes por parte del Gobierno desde antes de que aprobase los indultos a los dirigentes del procés encarcelados y las modificaciones del Código Penal de los delitos de sedición y malversación. La última parada de esa estrategia es la medida de gracia, pero la convocatoria de elecciones el 12 de mayo ha abierto un escenario nuevo en el que ERC y Junts se han desatado en su pugna por la hegemonía en el independentismo.
El Gobierno advierte a ERC y Junts de que actuará contra iniciativas “divisivas” sobre la independencia o el referéndum
