El Gobierno del Partido Popular en Baleares ha iniciado un expediente de nulidad de contrato tras dejar caducar la reclamación de más de 2,6 millones de euros por la compra de mascarillas defectuosas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Koldo García, asesor principal del exministro José Luis Ábalos, fue quien llevó ante las puertas del Gobierno Balear, por entonces dirigido por la socialista Francina Armengol, a la empresa Soluciones de Gestión para vender material sanitario en plena pandemia. En la víspera de Semana Santa, presionado por el escándalo de que el PP dejó pasar el plazo para reclamar los costes, Javier Ureña, director general del servicio de salud balear (IBSalut), inició un nuevo procedimiento para anular el contrato y exigir que la empresa devolviera el total de lo acordado, es decir, 3,7 millones. El problema que plantea este giro de timón para conseguir recuperar el dinero perdido es que los motivos para dejar sin efecto esa adjudicación contradicen lo que ya ha investigado el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía sobre esta empresa y otros contratos firmados en los peores momentos de la pandemia, según ha podido comprobar EL PAÍS en un análisis de cientos de adjudicaciones públicas de todo tipo de administraciones durante esos meses.
El Gobierno balear cuestiona miles de contratos anticovid tras dejar caducar la reclamación a la trama Koldo
