Transcurridos dos años desde el inicio de la que ambas partes anunciaron como «etapa sin precedentes» en las relaciones bilaterales tras dar carpetazo a una agria y larga crisis diplomática, el balance es parco para los intereses españoles. Tras el inesperado giro diplomático en el Sáhara Occidental –expresado en una misteriosa carta privada del presidente del Gobierno al rey Mohamed VI de la que nunca tuvo noticias ni el Ejecutivo ni el Parlamento y que hizo pública el Palacio Real marroquí–, el 7 de abril de 2022 se reunían en Rabat varios ministros de Marruecos y España con el compromiso firme de plasmar esa esperanzadora nueva etapa con una ambiciosa hoja de ruta.
La cita concluyó con una declaración de 16 puntos entre los que destacaban la normalización del tráfico de personas y mercancías –que el Gobierno se encargó de traducir en que la aduana comercial de Melilla volvería a funcionar y la creación de una nueva en Ceuta–, el relanzamiento de las negociaciones para delimitar las aguas territoriales en la fachada atlántica, la convocatoria del Grupo Permanente Hispano-Marroquí sobre Migraciones o la actualización del Tratado de Buena Vecindad de 1991.
Sin duda, el compromiso más relevante pasaba –y sigue pasando– por Ceuta y Melilla, que aguardan desde entonces la apertura de aduanas comerciales en sus fronteras con Marruecos. De manera unilateral Rabat cerró el 1 de agosto de 2018 la aduana de Melilla, que venía funcionando desde 1956 tras la independencia de Marruecos. El 12 de marzo de 2020 Marruecos hacía lo propio con las fronteras de ambas ciudades autónomas por razones sanitarias. Un período que se ha saldado con un importante coste comercial para las dos localidades españolas.
Después de prometer en varias ocasiones que la infraestructura aduanera sería una realidad de manera inminente, e incluso de llevar a cabo «con éxito» varias pruebas piloto en los primeros meses de 2023, desde el Gobierno central se ha admitido ya –lo hizo la delegada del Ejecutivo en Ceuta el pasado mes de enero– que no existen razones de índole técnica que impidan su apertura, sino puramente políticas. Marruecos no da luz verde a unas aduanas en una frontera que no reconoce formalmente, aunque protege con eficacia lo que define como «ciudades ocupadas» frente a las tentativas de la migración irregular.
Visados de 24 horas
Además, el pasado marzo las autoridades marroquíes confirmaron que no reconocen los visados de validez limitada expedidos por los consulados españoles en el país magrebí para entrar en Ceuta y Melilla. La medida dificulta las cosas a los trabajadores transfronterizos, que hasta ahora podían acceder a las ciudades autónoma con estos visados de corta duración –24 horas de validez– a fin de poder tramitar su documentación ante la Policía.
Por otra parte, y a pesar de que a finales de 2022 se retomaron las reuniones del grupo de trabajo creado al efecto, las negociaciones para delimitar las aguas territoriales marroquíes y españolas en la fachada atlántica no han logrado avances concretos. Tampoco se ha producido la anunciada actualización del Tratado de Amistad.
Aunque en la misiva dirigida a Mohamed VI para manifestarle el apoyo del Gobierno a la propuesta de autonomía para la excolonia española Sánchez llamaba a ambas administraciones a «garantizar la estabilidad e integridad territorial de nuestros dos países», lo cierto es que España no ha logrado de Rabat un respeto expreso a la soberanía de Ceuta y Melilla.
Frente abierto con Argelia
Una de las consecuencias perniciosas para los intereses de España del respaldo del Gobierno a Marruecos en el conflicto del Sáhara ha sido la apertura de una crisis diplomática con el otro gran vecino del norte de África, Argelia, que es el principal patrocinador del Frente Polisario. Cuando parecía que los largos meses de diplomacia entre bambalinas cristalizaban al fin, las autoridades argelinas se desentendieron en el último minuto de la visita oficial que el ministro Albares tenía prevista el pasado 11 de febrero a Argel. El veto comercial argelino sigue sin levantarse del todo.
En el otro lado de la balanza ha de situarse la recuperación de las relaciones institucionales –en dos años Sánchez ha efectuado tres visitas oficiales y una privada a Marruecos–. Además, a pesar del repunte migratorio en la ruta atlántica, el Ejecutivo hace un balance positivo de la cooperación de Rabat en la lucha contra la migración irregular. Escenas como las vividas en 2021 en la frontera entre Ceuta y Marruecos, cuando Rabat permitió por inhibición la entrada de diez millares de jóvenes, no han vuelto a producirse.
Sobre el papel, la celebración conjunta de la Copa del Mundo de fútbol 2030 –la teoría del colchón de intereses– debe ser garantía de que Marruecos y España eviten en los próximos años crisis diplomáticas de la gravedad de la vivida entre el otoño de 2020 y la primavera de 2022. El rey de Marruecos inaugurará mañana en Casablanca las obras de construcción de la mayor desaladora de África, a cargo de la española Acciona –al abrigo de los desencuentros políticos, las relaciones comerciales alcanzan cifras récord— en un gesto inequívoco de buena voluntad.
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Aduanas comerciales de Ceuta y Melilla: la espera que no cesa
A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el restablecimiento de la aduana de Melilla y la creación de una de nuevo cuño en Ceuta en la cumbre del 7 de abril en Rabat, dos años después la infraestructura sigue sin ver la luz para desesperación del tejido empresarial y civil de las ciudades autónomas.
A finales de 2022, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseveraba que al comenzar 2023 las aduanas verían finalmente la luz. Tras varias pruebas piloto definidas como «un éxito» por parte del Ejecutivo, las aduanas seguían bloqueadas por la «dificultad técnica» del proceso. Tras la visita de Sánchez a Rabat el pasado febrero, los empresarios de Ceuta y Melilla lamentaban «la falta de exigencia» del presidente ante Marruecos.
Los empresarios se quejan además de que Marruecos incumple el Régimen de viajeros –de pequeñas compras para uso particular y consumo propio– desde la reapertura de las fronteras a mediados de mayo de 2022, clausuradas desde el 12 de marzo de 2020 por decisión de Rabat ante la detección de los primeros casos de Covid-19. En agosto de 2018 Marruecos había acabado con el contrabando en la frontera melillense, y había hecho lo propio en la de Ceuta en 2019.
Con la suspensión de facto de la excepción a Schengen que permitía cruzar la frontera sin necesidad de visado a ciudadanos marroquíes con residencia en Tetuán y de Nador, desde mayo de 2022 sólo pueden transitar las fronteras entre las ciudades autónomas y el país magrebí individuos con permiso para circular en el citado espacio europeo al margen de un pequeño número de trabajadores transfronterizos, menos de la mitad de quienes contaban con la documentación necesaria antes de la pandemia.
Pero a finales de marzo, las cosas volvían a complicarse: las autoridades marroquíes confirmaron el veto a los visados españoles de validez limitada para entrar en ambas ciudades autónomas. La decisión complica aún más el futuro a los trabajadores transfronterizos –la inmensa mayoría trabajadoras del hogar–, quienes hasta ahora podían entrar en Ceuta y Melilla con visados de corta duración.
El último colectivo en mostrar su «profunda preocupación» por la situación ha sido la Federación Española de Transitarios, Organización para la Logística, el Transporte y la Representación Aduanera, que acaba de dirigir una carta a Sánchez en la que expresan su malestar por el bloqueo y se quejan del «fuerte impacto» del cierre fronterizo sobre las empresas del sector.
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