Las llamadas «facturas en los cajones» son una práctica habitual en muchas administraciones públicas. Se trata, básicamente, de contratar gastos y servicios que no están presupuestados, de forma que no se pagan de inmediato, porque no existe presupuesto para hacerlo, y se tienen que abonar en el siguiente ejercicio, normalmente haciendo frente además a los intereses de demora. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ya alertó a finales del pasado mes de septiembre, de que la cifra por esta práctica en el Departamento que dirige ascendía a más de 1.000 millones de euros.
Por ello, el pleno del Consell ha aprobado hoy un expediente de enriquecimiento injusto para hacer frente a más de 180 millones de euros por determinados servicios y suministros prestados a los departamentos de salud correspondientes a 2021, 2022 y 2023, es decir, durante el anterior Gobierno del Botànic.
Así lo ha explicado esta mañana la portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Ha detallado que los beneficiarios serán las empresas que se han hecho cargo de proveer a los departamentos de salud para mejorar la atención sanitaria.
El expediente recoge arrendamientos de edificios, maquinaria o mobiliario, así como servicios de reparaciones y suministro de materiales necesarios para el desarrollo de la prestación asistencial, además del suministro de distintos medicamentos, y trabajos desempeñados en los centros sanitarios asociados a la limpieza, seguridad, custodia o almacenaje, entre otros.
Mediante este expediente se atiende el gasto generado por la adquisición de productos sanitarios, productos alimenticios, agua, gas y energía eléctrica, además de determinados conciertos con otras entidades para garantizar la atención sanitaria.
La portavoz ha señalado que este gasto corresponde a las «famosas facturas en los cajones, de servicios prestados fuera del cauce oficial de contratación» y que es la primera pero habrá más porque «era una práctica habitual en todas las Consellerias» y las empresas van a cobrar «después de meses esperando».
Reducción de AVE
Por otra parte, la portavoz del Consell ha lamentado que la Comunitat Valenciana «vuelva a ser la perjudicada» por la supresión de trenes de Alta Velocidad (AVE) debido a las obras en la estación de Atocha, en Madrid.
Merino ha criticado que la Comunitat vaya a ser la «cabeza de turco» con una reducción de servicios de AVE «bastante importante» todos los días. Ha considerado que, aunque se anuncie que los convoyes de los trenes van a ser más largos, «los horarios son los que dan flexibilidad» a los viajeros, por lo que, denuncia, «da la impresión de que va que va a ser un nuevo inconveniente que vamos a sufrir en la Comunitat».
Preguntada también sobre si la Generalitat va a plantear al Gobierno central un plan de mejora del servicio ferroviario de Cercanías ha asegurado que la Conselleria de Infraestructuras, que dirige Salomé Pradas, «está muy preocupada» por este tema y en contacto con el Ministerio para que los usuarios “dejen de sufrir el calvario diario de retrasos y suspensiones”.
“Es un tema acuciante porque la gente necesita trabajar y el problema es diario”, ha insistido, al tiempo que ha asegurado que la consellera de Infraestructuras “está preocupada y ocupada, en la medida de lo posible, para que el Gobierno de España atienda esta cuestión”.
