El Gobierno central está a punto de cerrar con el Gobierno de Canarias un nuevo modelo de reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El objetivo es aliviar a los territorios más expuestos a la inmigración irregular, como las islas, Ceuta y Melilla. La premisa de la solidaridad territorial, aparentemente sencilla, ha tardado años en concretarse. Según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el cambio de modelo exige una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería con la que se dictarán los criterios que se seguirán para el reparto y en qué circunstancias podrá activarse. Teniendo en cuenta la coyuntura actual, se prevé una redistribución inicial de 2.500 menores, así como una financiación de 125 millones de euros para las comunidades acogedoras.
El Gobierno y Canarias pactan el reparto obligatorio de menores migrantes a otras comunidades
