Durante mucho tiempo parecía imposible; después se iría abriendo paso el temor a que sí fuera posible; aunque con la esperanza de que se tratase únicamente de una pesadilla. Había un personaje en la historia española, con tan acrisolada fama, en materia de felonía, que a casi nadie se le habría ocurrido pensar en otro gobernante capaz de disputarle la primacía en este terreno. A partir de febrero de 2019, la cuestión pasó a formar parte del «debate político». Fue Pablo Casado, entonces presidente del PP, quien acusó a Pedro Sánchez de ser el más felón de los gobernantes de la democracia moderna. Puede que algunos ya lo consideraran así, pero les parecía imposible. Sobre todo si la democracia moderna venía desde 1812, según nos han repetido hasta la saciedad.
Fernando VII, caricaturizado por la historiografía liberal, fue motejado como el Rey Felón. Hay que reconocerle, al menos, que de la mano de la Pepa, (la de Cádiz, cuando estuvo vigente, no otras «Pepas») extendió hasta los representantes de la Nación la posibilidad de cometer felonías. Antes había sido un ejercicio propio solo de los vasallos respecto a sus señores. Aquel monarca, según sus detractores, habría puesto tal empeño en su tarea de felón, que elevó el oficio de adjetivo a sustantivo. Para mantener la acusación de Pablo contra Pedro deberíamos repasar los caracteres de tan fea manera de comportarse.
La RAE señala como sinónimos de felón: desleal, falso, traidor, pérfido, bellaco, engañoso, indigno, infame, perverso, alevoso, cruel, malvado,… etc. Y podríamos añadir muchos otros, especialmente preocupantes: golpista, autoritario (con los débiles), represor de las libertades,… con una evidente tendencia autocrática. La comparación entre FVII y Pedro Sánchez Rodríguez-Francia, a través de los atributos característicos del felón, muestra «sorprendentemente» la superioridad del secretario general del Psoe.
La doblez, el infundio, la farsa… acaban soportando la corrupción, en todas sus manifestaciones; hasta las más llamativas, la malversación y la apropiación del dinero público. En tiempos de Fernando VII su «camarilla» adquirió ocho barcos rusos para trasladar a Hispanoamérica el Ejército que debía combatir contra los independentistas. La operación, por 70 millones de reales, resultó un negocio llamativo. Algunas compras de materiales, hechas por el Estado, desde 2020, a través de diferentes órganos, se han efectuado con procedimientos semejantes a los utilizados, entonces, por el entorno fernandino. Nihil novum sub sole? No lo sabemos pero tendríamos que admitir que las prácticas actuales suponen un permanente perfeccionamiento del delito.
Nos hemos referido alguna vez a la expresión del que fuera notable economista, José Piernas y Hurtado, en la cual aseveraba que «la historia de un país es la historia de sus presupuestos». España sería un buen ejemplo, sobre todo en cuanto a la aprobación de los mismos, convertida en la hazaña suprema y casi imposible de este gobierno. No importa tanto, y en adelante seguramente importará menos, a la opinión pública, el contenido y ejecución de ese voluminoso prospecto de incumplimientos, que se denomina Presupuestos Generales del Estado. Puede que no sean más de unos centenares los ciudadanos que se lean tan enjundioso texto literario. ¿Qué harán cuándo se enteren de que la no aprobación de los de 2024 limitará las posibilidades de despliegue de los fondos europeos impidiendo profundizar el desarrollo del PRPT? Cuesta imaginarlo.
Otra cosa es la degeneración nacional que suponen las inmundas maniobras para su aprobación. Empezando, por ejemplo, por la aceptación de la figura de un «relator», exigida por Torra y sus secuaces, para dar fe de lo tratado entre el gobierno español y los representantes del independentismo catalán. Fue en ese momento cuando Casado formuló la acusación contra Sánchez que hemos repasado. Desde entonces se han sucedido las inicuas concesiones del presidente del gobierno «para mejorar la convivencia en Cataluña y la resolución del problema catalán». Por ese camino hemos ido convirtiendo el Estado de Derecho en un estado del «revés», con la imprescindible «ley de amnistía» (¿también para él?), la readaptación del Código Penal y la ruptura de la Hacienda común y su gestión. Maniobras que quiebran la convivencia y la igualdad entre los españoles, a la par que resquebrajan gravemente la Constitución de 1978.
Atentos porque Sánchez aprovechará la Semana Santa para culminar la semana de Pasión y llevar a cabo nuevas iniquidades, tal que el golpe de mano sobre TVE. Simultáneamente podría apoyar su política estilo Pilatos. Ahí tenemos a nuestros amnistiables cortados por el patrón de Barrabás, preso famoso, un bandido que había promovido una sedición y en el motín cometió un homicidio (Mc. 15:7; Lc.23:19; Juan 18:40; Mt. 27:26). Sánchez podrá abundar en su autojustificación, porque nuestros independentistas no mataron a nadie, acaso por casualidad, aunque sí hubo numerosos heridos y destrozos provocados por su violencia.
Emilio de Diego. Real Academia de Doctores de España.
