Antes de que se comenzaran a debatir las propuestas que las CC AA enviaron a Sanidad la semana pasada para valorar su incorporación al Plan Integral para la Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 en la Comisión de Salud Pública que se está celebrando en estos momentos, la ministra Mónica García ya había adelantado, en una entrevista a TVE, varias de las claves del proyecto. La última palabra la dirá, en todo caso, el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebrará el viernes.
Lo primero que ha trascendido es que el Ministerio solo ha aceptado valorar 160 de las 180 alegaciones enviadas por las regiones.Entre las rechazadas se encuentra la propuesta de Aragón de que se tenga en cuenta la evidencia científica que hay respecto a la utilidad los dispositivos de dispensación de nicotina como vía de deshabituación tabáquica, “siempre en casos especialmente indicados y cumpliendo unos requisitos concretos”. La región también pedía la realización de estudios sobre los efectos en la salud de las sustancias empleadas en los cigarrillos electrónicos– con y sin nicotina–. Sanidad también ha descartado que la ampliación de los espacios al aire libre sin humo que prevé el PIT sea de adhesión voluntaria.
Por otro lado, y frente a las críticas de la mayoría de los ejecutivos autonómicos sobre la falta de concreción del Plan (que no detalla lo suficiente cómo se van a regular los espacios privados ni tampoco el vapeo, ni cómo se controlará el cumplimiento de las normas existentes en lugares de especial protección como los sanitarios o escolares), la ausencia de una memoria económica que determine el presupuesto específico con el que se le va a dotar, García ha defendido que el Plan solo es “una hoja de ruta”, que no delimitará los lugares a los que se ampliará la prohibición de fumar y vapear. “Servirá de paraguas a la futura ley, que es la que definirá los nuevos espacios sin humo”, ha asegurado.
Libertades individuales
Otra de las preocupaciones de comunidades autónomas como Castilla y León, la Rioja, la Comunidad Valenciana y Andalucía es cómo se va a controlar la prohibición en espacios privados (como vehículos particulares cuando viajen niños o embarazadas), sin que se invadan libertades individuales.
“Las autoridades competentes deben establecer claramente cuál es el ámbito de cada una de ellas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la inspección. Que quede claro qué administración y qué autoridad es la que corresponde a la inspección, que se regule claramente cuando se trata de hablar de intervención en ámbitos privados”, señaló el pasado miércoles el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández. “Nuestro objetivo es disminuir, en la medida de lo posible, la limitación de las libertades individuales”, añadió.
Terrazas
La ampliación de la prohibición de fumar a las terrazas es otro de los “puntos calientes” del PIT. Para Sanidad, son lugares en los que la evidencia científica ha corroborado que se consume “humo de segunda mano” perjudicial para la salud, pero su delimitación es algo que “se tiene que derivar en las diferentes leyes” y no en el Plan. Frente a comunidades como Canarias que se muestran completamente a favor de que se prohíba fumar en las terrazas, y también en otros lugares como las marquesinas de las paradas de autobús, a pesar de que esto pueda provocar “posturas en contra” procedentes del sector hostelero, hay otras como Extremadura, Baleares, la Rioja, Madrid o Galicia que se decantan por la autorregulación mediante un sistema de incentivos fiscales atractivos y distintivos de calidad.
La mayoría están de acuerdo en la equiparación de los cigarrillos convencionales a los vapeadores y otras formas de consumo, e incluso algunas van más allá y quieren que se prohíba la venta de los de un solo uso a menores.
