El presidente de Aragón, Javier Azcón, ha enviado una carta a António Guterres, secretario general de la ONU, en respuesta al informe conocido el pasado viernes contrario a las leyes de concordia de su comunidad y las de Castilla y León y Valencia.
“Le comunico que el informe contiene información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España y, en consecuencia, desvirtúa la realidad y está plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones”, escribe el presidente del PP en X.
“También que el ánimo” de su Ejecutivo “y del Plan de Concordia no es invisibilizar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino honrar a todas ellas, así como a las del periodo democrático, como son las víctimas de la banda criminal ETA y, por extensión, las del terrorismo”.
“Por último”, continúa, “le indico que le haremos llegar al señor Salvioli, coautor del informe, información a modo de alegación que profundice jurídicamente en todas las cuestiones mencionadas”.
El supuesto informe de la ONU que censura las leyes de concordia de PP y Vox partió de tres relatores del organismo internacional –expertos independientes- y no se trata de un informe vinculante, tal como han reconocido fuentes internas de la ONU, que destacan que se trata de “opiniones” y “recomendaciones” que no implican obligación alguna.
El documento no es emitido oficialmente por Naciones Unidas, sino por los relatores especiales, que no son miembros de la ONU y trabajan de forma voluntaria, sin percibir remuneración por ello.
Según el presidente de Aragón -uno de los aludidos-, es obra de Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, a quien el Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que se dirigiría tras conocer que Aragón y Castilla y León pretendían aprobar sus propias normas en el campo de la memoria histórica.
El documento, por tanto, no es más que una respuesta a los planteamientos presentados por una denuncia de parte que, además de Salvioli, está firmado por Aua Baldé, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Morris Tidball-Binz, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Ninguno se habría puesto en contacto con los gobiernos autonómicos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
