Aunque no representa la opinión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su presidente en funciones, Vicente Guilarte, ha enviado a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado su propuesta de modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos del Poder Judicial y de magistrados del Tribunal Supremo. Se trata de una “fórmula intermedia” que permitiría “diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente”
El texto, de 17 folios, pretende contribuir a superar la división entre el modelo parlamentario o corporativo de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de cinco años en interinidad por la falta de acuerdo entre PP y PSOE. De ahí que en el escrito se arremeta contra los partidos políticos y su falta de capacidad para alcanzar un pacto para renovar a los 20 vocales que deben integrar el consejo.
El presidente del CGPJ pone sobre aviso del posible “cambio de cromos” en el que podrían incurrir las fuerzas políticas para acometer los 122 nombramientos que están pendientes de realizar. Y recordó que mientras el partido del Gobierno quiere renovar lo antes posible con el actual sistema, la formación de Alberto Núñez Feijóo apuesta “por una elección estrictamente corporativa de los doce vocales de extracción judicial”, de acuerdo con lo que se recomienda desde Europa.
Frente a este choque de posiciones, Guilarte plantea una “fórmulas intermedias” como única posibilidad de entendimiento y que contribuyan a “alcanzar tanto el principal objetivo de renovar el CGPJ como de diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente”.
En el documento, el presidente interino del órgano de gobierno de los jueces también hace autocrítica porque en el CGPJ “seguimos actuando internamente con una subliminal tendencia a la continuidad, desprovista frecuentemente de toda legitimación” y puso como ejemplo el reciente nombramiento provisional de la cúpula de la Escuela Judicial, que considera que debió acometer el futuro nuevo consejo.
En su propuesta alternativa, plantea limitar la “inevitable discrecionalidad” en los nombramientos actuales y basarlos “de manera efectiva” en “los principios constitucionales de mérito y capacidad”. Para ello, habría que cambiar la fórmula de selección de los cargos gubernativos y de las designaciones en el Tribunal Supremo. Los electores, en vez de ser los vocales del CGPJ, serían los miembros de la carrera judicial sobre los que el el Supremo, la Audiencia Nacional o la Sala tenga competencias gubernativas. Además, los candidatos deberían presentar un programa de actuación.
Para ello, sería necesario “diseñar la carrera judicial”, para conocer desde antes los méritos que se deben valorar para acceder a la cúpula de la judicatura, un asunto que actualmente no se tiene en cuenta porque las designaciones se realizan de forma discrecional por parte de los vocales del consejo.
La fórmula de Guilarte aboga a que este nuevo sistema de elección de los cargos gubernativos se acometa una vez renovado el CGPJ, para que sean los nuevos vocales quienes puedan implantar estos “parámetros de objetividad al nombramiento de todas las plazas discrecionales vacantes”.
Con el actual sistema, advierte, los nombramientos pendientes se realizarían conforme a criterios “políticos”, por lo que las personas designadas se percibirían como poco independientes. Y considera que el bloque actual de los principales partidos está motivada por una “disimulada pretensión” que es la de influir en “futuros enjuiciamientos ante los órdenes jurisdiccionales con mayor relevancia política”
