Noelia Ceroni nunca pudo decidir nada sobre la guardería, la escuela o el centro médico al que acudían sus hijos. Como uruguaya, ni siquiera le estaba permitido votar en las municipales, limitadas a los ciudadanos de la UE y a los extranjeros cuyos países tienen acuerdos de reciprocidad con España. “Después de 28 años y cuatro hijos aquí, me he sentido ciudadana en obligaciones, pero no en derechos”, critica esta mujer, de 49 años, que trabaja en el hospital Clínic como técnica de radioterapia, paga una hipoteca y saca adelante una familia numerosa con su pareja, cuadrando un Excel de horarios imposible. En las elecciones del 12 de mayo, Ceroni votará por primera vez. Hace seis meses que en su cartera tiene ya el anhelado DNI, que aún mira con extrañeza. Le costó un camino largo de una década, con recurso incluido ante el Ministerio de Justicia, después de que le denegasen la nacionalidad por “falta de arraigo en la sociedad española”. Al contarlo, ahoga una risa indignada.
Casi tres décadas sin poder votar: “Me he sentido ciudadana en obligaciones pero no en derechos”
