El PSOE, personado como acusación popular en el caso Kitchen, vuelve a la carga para intentar sentar en el banquillo al PP como persona jurídica por la operación urdida en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que pudiera perjudicar a su partido. Los socialistas han presentado un escrito en la Audiencia Nacional para que se declare nula la resolución que rechazó esta posibilidad. El PSOE quiere que el PP responda como responsable a título lucrativo por el dinero de los fondos reservados usados para esa operación irregular, así como por el gasto derivado de los medios públicos (humanos y técnicos) que se emplearon.