La sanidad pública española gastó en 2022 un total de 13.545 millones de euros en medicamentos, una cifra que no deja de crecer en los últimos tiempos —ha aumentado casi un 20% en solo cuatro años— y sobre la que se ciernen más nubarrones en el horizonte ante la espiral alcista que viven los precios de las nuevas terapias innovadoras. Los medicamentos genéricos (moléculas de síntesis química) y los biosimilares (de origen biológico) tienen una función fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del sistema. Su papel, según los tratados de economía, es entrar en el mercado cuando expiran las patentes de los tratamientos innovadores, creando una competencia que impulsa los precios a la baja y permite ahorrar recursos que pueden ser destinados a pagar más y novedosas terapias para los pacientes. En España, sin embargo, los genéricos llevan una década estancados en el 40% de las unidades vendidas, unos 30 puntos menos que en países de nuestro entorno. El Ministerio de Sanidad prepara una reforma en la que se plantea incluir una medida que revolucionaría la política farmacéutica vigente en España desde hace dos décadas: permitir, con el objetivo de que ganen cuota de mercado, que genéricos y biosimilares puedan venderse en las farmacias algo más baratos que los medicamentos de marca. Una idea defendida también por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya plasmó su propuesta en un informe publicado hace casi dos años y que sigue plenamente vigente, según el subdirector de Estudios e Informes de la entidad, Alfonso Camba (Madrid, 41 años).
“El sistema desincentiva que los medicamentos bajen de precio: si un fabricante lo hace, lo tendrán que hacer los demás”
