Es raro que un casero exija a su inquilino el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI, pero esta práctica se ha vuelto cada vez más común en el mercado salvaje de la vivienda de España. Se está generalizando hasta tal punto que la Comunidad de Madrid la ha incluido en su programa estrella del “alquiler asequible”, el Plan Vive, que permite a las empresas participantes pasar a los inquilinos la factura de ese tributo municipal que graba a los propietarios. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre del año pasado declaró ilegales este tipo de cobros en un caso semejante que afectaba a los inquilinos aragoneses de vivienda pública promovida por la inmobiliaria Lazora, uno de los grandes caseros del país. Este precedente pone en cuestión la legalidad del caso madrileño, según el PSOE madrileño y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Los partidos de la izquierda están organizándose para impedir que prosiga esta práctica en la comunidad.
El Supremo declaró ilegal cobrar el IBI a inquilinos de vivienda pública, como hace Ayuso con sus “alquileres asequibles”
