El Tribunal Supremo ha puesto fin a un enrevesado pleito que mantenía Iberdrola (también en paralelo a las otras dos grandes del sector eléctrico, Endesa y Naturgy) para que se ejecutara una sentencia que dictó el 31 de enero de 2022 contra el real decreto de octubre de 2017 sobre consumidores vulnerables y bono social de la luz que obligaba a las compañías a financiar dicho bono, un descuento del que son beneficiarios determinados colectivos. En un fallo fechado el pasado 17 de abril, al que ha tenido acceso CincoDías, el Supremo impone que se paguen definitivamente a Iberdrola 201 millones de euros más los intereses correspondientes. Una reforma del bono de 2022 permitía por primera vez a las empresas repercutir directamente a los clientes el coste de dicho bono, algo que hacen desde entonces a través de una pequeña cantidad que endosan en la factura.
El Supremo obliga al Gobierno a devolver a Iberdrola 200 millones por el bono social
