El Govern en funciones prohibirá, antes de las próximas elecciones autonómicas del 12 de mayo, «que los propietarios esquiven las limitaciones de los precios de alquiler de viviendas a través del paraguas del uso turístico», pues los inmuebles de esta naturaleza quedan excluidos de la normativa regional vigente en materia de regulación de precios. Así lo explicó la consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, que considera que es un «fraude de ley» que los propietarios puedan fijar el precio sin limitación para alquileres de 31 días a 11 meses, el máximo que contempla la ley para el arrendamiento de temporada. «El gobierno catalán está buscando las herramientas jurídicas necesarias para frenar la fuga de contratos de alquiler permanente al mercado de alquiler temporal», explicó la consejera, que considera que «es una urgencia, porque vemos a diario como desaparece la oferta de alquiler permanente». «La normativa estatal deja a Cataluña a la intemperie», continuó Capella, que considera que «debe buscarse la manera de cerrar la puerta a estas práctias, vista la manera de aprovecharse de algunos propietarios». Los datos avalan las palabras de la consejera, pues ya alcanzan el 30% los alquileres temporales en ciudades como Barcelona, según Idealista.
La manera de llevar a cabo esta medida será en forma de decreto urgente ya que el ejecutivo de ERC en funciones ya no está facultado para proponer leyes en el pleno del Parlament tras la convocatoria electoral. En el seno del Govern hubiera gustado regular esta problemática a través de una ley, pero su imposibilidad no impedirá que la Generalitat «busque la manera de evitar este fraude». «Es evidente que no podremos hacer una ley como nos gustaría, pero lo intentaremos regular», prosiguió Capella, que considera que «un contrato es lo que es por su propia naturaleza y no por el nombre que se le pone» y advirtió sobre la posibilidad de «sancionar».
Esta medida del Govern, muy posiblemente una de las últimas que llevará a cabo antes de las elecciones, ha sido tildada por la oposición de «electoralista». No se trata de un giro de guión respecto a la política del ejecutivo catalán en materia de vivienda, pues ha sido uno de los ejes que han recalcado como «muy importantes» en el seno de la Generalitat, pero hacerlo con tan poco margen respecto a los comicios resulta «poco ético» para una oposición que en buena parte -Junts, PP, Cs y Vox, más la incógnita del PSC- no está de acuerdo con tan estrictas regulaciones al mercado inmobiliario. «No es la primera vez que ERC utiliza las instituciones para hacer campaña», explican fuentes próximas de esta oposición en el Parlament, que consideran que «igual que la propuesta de financiación singular, debería ser un tema a debatir en campaña y no a imponer desde una minoría gubernamental».
