El caso judicial que llevó a la caída del Gobierno de Portugal a finales de 2023 es cada vez menos caso. Por segunda vez en pocos meses, los jueces han desmontado la arquitectura delineada por los fiscales de la Operación Influencer para justificar cinco detenciones y el registro de más de 40 domicilios y sedes oficiales, incluida la residencia del primer ministro. La fiscalía señaló entonces que había indicios de corrupción, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación en la tramitación de varios proyectos empresariales. Las alusiones a António Costa en las escuchas telefónicas realizadas a algunos de los implicados fueron suficientes para que el Tribunal Supremo abriese una investigación sobre él.
Especulaciones irresponsables en Portugal
