La Xunta ha censurado hoy que el Gobierno central pretenda “imponer unilateralmente” el sistema de reparto de menores migrantes no acompañados a las comunidades, ya que entiende que éste debe organizarse a través de una vía “voluntaria” y “en función de las posibilidades” de cada autonomía.
Tras la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este miércoles, fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdade han manifestado sus críticas hacia la forma de proceder del Ejecutivo central, que avanzó el pasado lunes su intención de regular a través de una proposición de ley el reparto de 2.500 menores actualmente tutelados por Canarias.
Así, la Xunta ha reivindicado su compromiso y “solidaridad” a la hora de acoger menores a través del modelo de distribución actual, pero acusa al Gobierno de querer “imponer unilateralmente” un sistema distinto al del reparto “mediante un acuerdo previo”.
Para el Ejecutivo gallego, “esa tiene que ser la vía, algo voluntario en función de las posibilidades de cada comunidad”, por lo que rechazan que el ministerio abogue por un sistema que la Xunta dice desconocer “a día de hoy” pero que creen que no tiene “en cuenta las circunstancias de cada territorio”.
“No admitimos que se ponga en duda la solidaridad del Gobierno gallego ni del conjunto de comunidades, porque llevamos ya muchos años acogiendo a niños procedentes de Canarias, de Ceuta o Melilla, y otra vez más volvemos a mostrar la predisposición a seguir siendo parte de la solución”, han incidido estas fuentes del departamento que dirige Fabiola García.
Así las cosas, remarca su petición de que se mantengan el modelo actual de reparto a través del acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas para que se tengan en consideración las “características” de cada territorio.
Propuesta del Gobierno
En concreto, el Gobierno ha apostado por una proposición de ley para repartir a unos 2.500 menores migrantes no acompañados de los 5.500 que tutela Canarias en solitario, mientras que la comunidad autónoma ha pedido que se haga mediante un decreto ley por ser un mecanismo más ágil.
Así se ha puesto de manifiesto durante una rueda de prensa tras una reunión en la que participaron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz, de forma telemática.
“Hemos trasladado al Gobierno de Canarias es que sea una propuesta legislativa. Aquí tenemos una pequeña divergencia porque ellos entienden que debe ser un decreto ley para su aplicación inmediata desde el Gobierno de España por seguridad jurídica”, ha dicho Torres.
El ministro ha opinado que la proposición de ley “es el mecanismo mejor”.
“En cualquier caso, estamos abiertos a que sea la más factible porque la propuesta que hacemos de proposición de ley, es una proposición de ley que sea urgente, de lectura única y que no haya vetos en el Senado. Se podría aprobar en tres meses”, ha expuesto.
