El posible acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido en torno a Gibraltar ha abierto una nueva brecha entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. El encaje de la colonia es un asunto pendiente desde que en junio de 2016 se verificó el Brexit, abriéndose una larga etapa de escepticismo y provisionalidad en una comarca que depende en buena medida de las buenas relaciones con la Roca. De hecho, casi 11.000 trabajadores españoles acuden diariamente a Gibraltar a trabajar, por lo que las condiciones definitivas del pacto afectarán a estos empleados, a los empresarios que cruzan la verja y a las administraciones más cercanas, especialmente los ayuntamientos y la propia Junta.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha citado el próximo 13 de mayo a los alcaldes de la comarca, a la Administración autonómica y a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para informarles sobre el curso de las negociaciones. Se espera que el Gobierno hable de un inminente acuerdo, que incluya cuestiones pendientes como los controles en la frontera, la normativa que afecta a los trabajadores, la posible eliminación de la verja o el uso del aeropuerto. La Junta, por su parte, convoca hoy a los consistorios afectados y a la Mancomunidad a una reunión preparatoria en San Telmo, con la presencia del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, para «recabar información y opiniones» y colaborar así «en la mejor defensa de los intereses de los campogibraltareños».
Sin embargo, el Gobierno andaluz se muestra desconfiado y acusa al Ejecutivo central de actuar con poca transparencia. Así se manifestó el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien aseguró que «no podemos estar de acuerdo con unas prisas como las que parece demostrar el Gobierno de Sánchez, que tiene mucha prisa en sacarse una foto pero sin resolver los problemas del Campo de Gibraltar». Sanz criticó que «no se sabe cómo se está negociando el uso compartido del aeropuerto, el tema de la seguridad y el espacio Schengen, qué papel va a tener la policía en esos controles, cómo se ha hablado del tráfico ilegal de tabaco, qué se ha hablado en materia de residuos medioambientales o de los 11.000 campogibraltareños, muchos de ellos linenses, que cruzan todos los días la frontera para trabajar» en la colonia británica. «No nos fiamos de las prisas, pero sí queremos defender a los municipios del Campo de Gibraltar y considerar que, si hay acuerdo, tiene que ser porque sea una gran oportunidad para los municipios, no solo para sacarse una foto el presidente diciendo que ha acabado con la verja, sino porque en contraprestación hay un acuerdo a favor del Campo de Gibraltar», remarcó.
El malestar en la Junta es notorio, tanto que el propio ministro de Exteriores llamó al presidente andaluz para contarle cómo están transcurriendo las negociaciones y se ofreció a reunirse personalmente con él. Tal y como informó el departamento de Albares, se van acercando posiciones sobre el acuerdo y puso como ejemplo el encuentro del pasado 12 de abril en Bruselas en el que «se alcanzaron puntos de entendimiento sobre líneas políticas generales, incluyendo el uso del aeropuerto, el tráfico de bienes y la movilidad». Además de pedir a Moreno el apoyo de la Junta a un acuerdo que «traerá prosperidad compartida» al Campo de Gibraltar, el ministro también le trasladó que el pacto salvaguardará la posición española sobre la soberanía del Peñón.
Los alcaldes, de su lado, se muestran expectantes. El regidor de La Línea, Juan Franco, reiteró la posición de su ciudad «como municipio más afectado» en España y «en toda la Europa continental». Franco recordó «la situación particular» de los trabajadores residentes en la localidad que cada día cruzan la frontera para trabajar en el Peñón y «la dependencia de empresas de la zona de un porcentaje muy alto de clientes gibraltareños». En relación a la reunión con la Junta, Franco señaló que puede ser «muy importante» al existir «cuestiones como el medio ambiente con competencias que afectan directamente a la Administración autonómica».
Más crítico se mostró el alcalde socialista de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, quien planteó a Moreno si los convoca «para hablar del Brexit en el Campo de Gibraltar o para informarnos de la nula ejecución del Plan 112 Medidas ante el Brexit». «Pues sí que vamos tarde, Juan Manuel Moreno», señaló Ruiz Boix, para quien el PP trata de «torpedear con todos sus medios el acuerdo que permitirá desmantelar la verja, compartir el aeropuerto y la libertad de circulación de personas y mercancías, compartiendo retos medioambientales, dando pasos en la armonización fiscal y mejorando los derechos laborales de los trabajadores transfronterizos».
