Este Gobierno y su mayoría de izquierda extrema y separatista han decidido hace tiempo desactivar los rudimentos de la democracia hasta armar un artefacto que responda y garantice sus objetivos hegemónicos contra la alternancia y la voluntad soberana del pueblo. De entre todas las intervenciones y asaltos a las instituciones del Estado y el desmantelamiento de los contrapesos, puede que la cancelación del Poder legislativo refleje mejor que cualquier otro movimiento su credo intolerante y uniforme. Además del abuso bastardo del decreto ley, de burlar con descaro el cedazo de los órganos consultivos, conviene recordar, para que el penúltimo abuso o agravio no sepulte hasta el olvido al anterior, que no se recuerda otro ejecutivo en democracia que haya acumulado tantos reproches de inconstitucionalidad en su acción política, especialmente durante la pandemia. El cierre de facto de las Cortes constituyó uno de las actuaciones contrarias a la Carta Magna que en buena medida retrató ya entonces y de cara al futuro el alma sombría e iliberal de esta administración. Ahora, con el Senado bajo una aritmética diferente a la del Congreso, como expresión del escrutinio popular en el Estado y en los territorios, la intolerancia exhibida contra la separación de poderes, su hostilidad reincidente contra todo puntal que reequilibre los desmanes de Moncloa, se ha visibilizado sin matices ni tibiezas. El sanchismo se ha embarcado en una campaña contra la Cámara Alta y sus competencias y funciones constitucionales exclusivamente porque se escapa a la obediencia y la disciplina con que se manifiesta un buen número de organismos e instituciones ya colonizados por el abuso de poder. El Congreso, que hace años que no cumple sus cometidos como poder independiente con las garantías debidas porque es un apéndice a las órdenes del presidente, sabotea el trabajo del Senado con el veto sibilino de todas sus iniciativas sin el menor pudor ni el más ínfimo respeto a la magistratura y autoridad de las Cortes Generales. Sabotear «por decreto» a otros delegados de la soberanía nacional, del pueblo español, con tal premeditación y alevosía supone un fraude y la instrumentalización espuria de la representación y la función públicas que se le suponen a esos parlamentarios. Moncloa ha probado en estos años que no conoce límites y que todos los medios resultan válidos si sirven con eficacia a sus propósitos. Cuestionar la legitimidad del Senado, desnaturalizar sus capacidades y credenciales constitucionales, atribuirle una condición de inferioridad o subalterna al Congreso demuestran hasta qué punto al sanchismo le sobra el estado de derecho y el parlamentarismo en esa democracia tutelada y de atrezo que tanto anhela. Fracasará, porque, insistimos, la mentira y la corrupción serán sus verdugos políticos. Mientras tanto, el Senado debe seguir cumpliendo con sus obligaciones sin vacilar.
Juego sucio sanchista contra el Senado
