Es cierto que el sanchismo no cuenta con buenos juristas en sus filas. Los que han intentado defender la aberración de la amnistía lo han hecho con argumentos simplones y poco trabajados. Es lo que sucede cuando se intenta justificar lo injustificable. Estoy ansioso por leer la sentencia que en su día elabore Cándido Conde-Pumpido para defender la constitucionalidad de una norma que produce una clara e inequívoca mutación constitucional. El Congreso asume unas competencias que no le corresponden y es el ejercicio de un derecho de gracia que fue descartado por el constituyente. En la etapa final de su carrera profesional, Conde-Pumpido está dispuesto a manchar su toga hasta unos límites que jamás hubiera imaginado en un magistrado del Tribunal Supremo. Espero que Sánchez recompense su fidelidad a la altura de una ignominia de estas dimensiones. Carl Schmitt fue ministro de Justicia de Prusia, algo que siempre será una pesada losa en su trayectoria, pero no impide reconocer que sus libros son de una calidad y profundidad extraordinarias. Es algo que no podremos decir del presidente del Constitucional si, finalmente, decide servir antes al sanchismo que al Derecho.
No se puede esperar lealtad institucional de Francina Armengol, que, además, le es igual decir una cosa y la contraria. La constitucionalidad responde únicamente a una orden de Sánchez que entra en contradicción con lo que decía hace unos meses.
La verdad no importa, sino humillarse ante los siete votos de Puigdemont que le permiten ser presidente del Gobierno. La respuesta que elaborará el fiel Fernando Galindo, que se ha convertido en el secretario general socialista del Congreso de los Diputados y letrado mayor del sanchismo, no tendrá ni rigor ni ofrecerá ninguna garantía jurídica. A Armengol le resulta indiferente lo que le digan, porque solo le importa seguir como presidenta del Congreso y servir a su señor. Por tanto, ahora conviene que la amnistía sea constitucional. En cambio, Galindo seguirá como letrado, salvo que el PSOE le incluya en las listas electorales, aunque con el desprestigio de haber puesto la institución al servicio del poder. Es impresionante que acepte una mutación constitucional y me temo que también firmará un informe favorable al referéndum de autodeterminación o lo contrario según convenga a quien controle la Cámara.
Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Constitucional e Historia de las Instituciones (UNIE).
