La Junta de Castilla y León recuperó en 2022 el nivel de
contratación del año 2008, al registrar 2.829 contratos por importe de 1.161
millones de euros, apenas 34 millones menos que tres lustros antes y un 52 por
ciento más respecto al año anterior, en lo que a importe total se refiere, pese
a la reducción de un tres por ciento en el número de expedientes formalizados.
Este es uno de los datos fundamentales que se desprenden del
informe ‘Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito
de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma’
entregado por el Consejo de Cuentas en las Cortes de Castilla y León, y que
corresponde a la fiscalización que la entidad propia de la Comunidad realiza
sobre la gestión contractual del Gobierno autonómico.
La entidad que gestionó mayor contratación en el ámbito
autonómico en el citado ejercicio, tanto en número de expedientes como en
importe, fue la Gerencia Regional de Salud, con 967 contratos por una cuantía
global de 424 millones de euros, seguida de la Consejería de Educación, con 200
millones y 472 expedientes.
Por tipo de contrato, los de suministro sumaron 429 millones
de euros, seguidos de los expedientes de servicios (384 millones) y obras (300
millones). Por procedimiento de adjudicación, el principal fue el abierto (652
millones) y por forma de tramitación, la ordinaria (1.035 millones).
Para esta fiscalización se seleccionó una muestra de 150
expedientes, de los cuales, en 120, por importe conjunto de 402 millones de
euros, se analizó la formalización de los contratos y en 30, por importe de 120
millones, la ejecución. De los 120 contratos de la primera muestra, en 82
expedientes (68 por ciento) los órganos de contratación cumplieron con todas
las obligaciones de publicidad en el perfil de contratante, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
En función de los expedientes examinados, el Consejo de
Cuentas opina que la Administración General e Institucional de la Comunidad
Autónoma cumple razonablemente con la legalidad aplicable, excepto por las
limitaciones relacionadas con la falta de alguna documentación en ocho
expedientes y determinadas salvedades, reflejadas en cuatro de las once
conclusiones, que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de
los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
Recomendaciones
El Consejo de Cuentas anota nueve recomendaciones en su
informe. Entre ellas, que la Administración autonómica debería establecer un
protocolo que garantice el envío de la documentación preceptiva al perfil de
contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
especialmente las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y la Gerencia Regional
de Salud.
También la Junta, especialmente la Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes, debería establecer medios proporcionales y que se adecuen a
los requisitos señalados en la normativa, para acreditar la solvencia
económico-financiera o técnica y profesional de los licitadores. Por otra
parte, los órganos de contratación y los servicios jurídicos en sus informes
deberían incidir en la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables
mediante juicios de valor y también en la definición y ponderación de los criterios
valorables mediante la aplicación de fórmulas, especialmente en la oferta
económica.
Asimismo, los órganos de contratación deberían garantizar
que los parámetros seleccionados para identificar las ofertas con valores
anormales o desproporcionados, y en especial los de las Consejerías de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; de Movilidad y Transformación
Digital; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y los de la Gerencia de
Servicios Sociales, se ajusten a lo señalado en la normativa.
En otro orden de cosas. los miembros de las mesas de
contratación deberían asegurarse de que queda constancia en las actas de todas
sus actuaciones y de que los informes de los órganos de asesoramiento estén
suficientemente desarrollados conforme a los criterios de adjudicación. Además,
deben velar porque se tramite el procedimiento contradictorio en las
exclusiones de candidatos, cuando se presuma que una oferta puede ser anormal o
desproporcionada.
Los órganos de contratación, en particular los de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, deberían
garantizar que los expedientes incluyan toda la documentación relacionada con
el inicio y ejecución del contrato, así como extremar los esfuerzos para que
los contratos se cumplan en el plazo establecido. Se recomienda, asimismo, que
el ITACyL calcule el importe de los anticipos a cuenta por operaciones
preparatorias y acopios.
Por último, los órganos de contratación, especialmente de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, deberían verificar la
correcta recepción del objeto del contrato, con la elaboración de la
correspondiente acta, dentro de los plazos previstos, así como una liquidación
y certificación final; y las Consejerías de Presidencia; de Economía y
Hacienda; y de Sanidad, deberían completar las actuaciones que les competen sobre
la posible imposición de penalidades a los contratistas.
