España –en particular las regiones de Andalucía, Valencia y Murcia– enfrenta una situación sin precedentes de escasez de agua exacerbada por el cambio climático. Las altas temperaturas y la disminución de las precipitaciones han llevado a situaciones críticas de sequía y han reducido los recursos hídricos disponibles. El estado de las Cuencas internas de Cataluña (18,1%), la del Segura (24,3%) o la Cuenca Mediterránea Andaluza (31%), entre otras, está provocando cortes de agua, prohibición de llenado de piscinas, restricciones para el verano y un agravio económico a consecuencia de la escasez del agua, un bien que no solo se utiliza para el consumo humano, sino que es imprescindible para regantes, agricultores, ganaderos y otras actividades económicas.
En este contexto, el lunes 22 de abril tuvo lugar en la sede de LA RAZÓN el foro «El agua: Optimización de un bien en extinción», un evento que abordó uno de los desafíos más hostiles de nuestro tiempo: la gestión y sostenibilidad del agua. El evento se desarrolló en dos partes: «Administraciones: garantía ante la escasez del agua» y «Gestión del agua, el reto del siglo XXI».
El encargado de abrir el acto fue Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, que recordó que el agua es «un bien fundamental que desperdiciamos» en un país que «históricamente ha tenido problemas hídricos», una situación que atribuyó, entre otras cosas, a la «falta de sensibilidad». Durante su intervención, aseguró que tanto el sector empresarial como las administraciones públicas son «enormemente útiles» para acabar con el «grave problema» del agua y apostó seguir incentivándolo desde todos los sectores.
A continuación fue el turno de Francisco Cabezas, director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, que abogó por reactivar el Plan Hidrológico Nacional para acabar con la situación de estrés hídrico que sufre España. Cabezas, uno de los expertos más reconocidos de nuestro país en la gestión del agua, coordinó la redacción del Libro Blanco del Agua y la trasposición de la Directiva Marco de Aguas, fue secretario del Consejo Nacional del Agua y también coordinó la elaboración y aprobación del Plan Hidrológico Nacional.
Después de toda una carrera dedicada a esta materia, durante su intervención explicó que en un ambiente en el que «España está gobernada por intereses, es difícil que un gobierno aborde esta situación y lo haga con la misma fuerza, contundencia y convicción como la que se abordó en el pasado», en referencia a los pactos de 1985 y 2001. Cabezas abogó por la consecución de un nuevo plan hidrográfico nacional, aunque lo consideró «complicado».
Respecto a la legislación actual, el experto explicó que «los avances han sido moderados o muy escasos» y aseguró que «el discurso tradicional del agua está progresivamente perdiendo su sentido» porque, a su juicio, «los principios constitucionales de la titularidad pública del agua como bien común al servicio de todo el país» se está convirtiendo en «un pronunciamiento cada vez más retórico». Acto seguido, hizo una reflexión sobre si «realmente el agua está a disposición de todos» o solo a determinados territorios. Después, Cabezas opinó que la realidad sobre la gestión del agua «está lejos de ser una verdad asumida» e insistió en que «cada vez hay una mayor territorialización y quiebra del principio unitario del agua como bien común», también en el ámbito internacional.
[[QUOTE:PULL|||”Cada vez hay una mayor territorialización y quiebra del principio unitario del agua como bien común”, aseguró Francisco Cabezas]]
Así las cosas, para el experto «el único instrumento que hay para unificar los criterios del Estado es la ley, no los pactos» porque «la ley obliga a todos» cuando la posibilidad de los pactos se agota. De hecho, en un análisis de las reformas estatuarias de las diferentes autonomías, Cabezas explicó que las regiones «no tienen una actitud de acuerdo e integración», una situación que consideró «conflictiva» para defender el bien común.
Apuesta por un Pacto Hidrológico Nacional
El primer panel «Administraciones: garantía ante la escasez del agua», moderado por el delegado de LA RAZÓN en Andalucía, José Lugo, contó con la participación de Salomé Pradas, consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana; Sara Rubira, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia; y Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María.
Las consejeras de la Generalitat Valenciana y Murcia aprovecharon la ocasión para anunciar que van a llevar un documento conjunto al Gobierno de España para la elaboración de las nuevas normas que fijarán la forma en la que se han de producir los trasvases y distribución del agua.
«Consideramos necesario un foro de trabajo técnico conjunto para que pueda tener lugar un debate real y reiteramos nuestro ofrecimiento para el desarrollo conjunto y colaboración en las necesarias tareas técnicas, aportando la experiencia, procesos, metodologías y herramientas que ya se tienen desarrolladas», anunció Pradas. La consellera teme que el Gobierno «prepare un decretazo sin consenso tras romper el diálogo».
En dicho informe las respectivas direcciones generales de Agua de la Generalitat, el Gobierno de la Región de Murcia y la Junta de Andalucía abogan por un gran pacto en materia hídrica como ha tenido lugar en anteriores ocasiones en el que el principio de solidaridad destaque sobre la territorialidad.
«Desde la Generalitat Valenciana, Murcia y Andalucía vamos a conseguir el consenso con otras comunidades como Castilla-La Mancha, Madrid o Extremadura. Lo vamos a intentar hasta el último momento pese a que el Gobierno de España mira más por intereses electorales», espetó Pradas durante su intervención.
[[QUOTE:PULL|||”Lo vamos a intentar hasta el último momento pese a que el Gobierno de España mira más por intereses electorales”]]
Por su parte, Rubira aseguró que desde su Gobierno han demostrado «técnicamente que se pueden hacer las cosas de otra manera», en relación con los trasvases y recordó que La Región Murcia reutiliza el 98% del agua, lo que equivale a «48.400 piscinas olímpicas».
La Región de Murcia, conocida como el huerto de Europa, ha implementado una impresionante estrategia de reciclaje de agua, logrando reutilizar el 98% de sus aguas residuales. Esta práctica ha permitido sostener su intensiva producción agrícola y posicionar a la región como líder en la innovación del manejo del agua en climas extremos. Además, desde la comunidad han invertido en infraestructura de desalación, aunque el coste económico y la viabilidad a largo plazo de esta tecnología continúan siendo un punto de discusión entre agricultores y autoridades. «El problema que tiene el agua es que se están tomando medidas ideológicas y sectarias y los regantes son de todos los colores», señaló Rubira.
[[QUOTE:PULL|||”El problema que tiene el agua es que se están tomando medidas ideológicas y sectarias y los regantes son de todos los colores”]]
Por su parte, la consellera Pradas recordó que la Comunitat Valenciana es una referencia absoluta en la gestión del agua porque «reciclamos el 40% del agua de toda España en nuestras 480 plantas de tratamiento, de la que el 80% se utiliza de nuevo para regar nuestros campos, de los cuales, el 78 % tienen sistemas eficientes como el goteo», concluyó.
Respecto a la necesidad de unidad en la gestión del agua, la consejera de la Región de Murcia apostó por la creación urgente de un Pacto Nacional del Agua. «El Gobierno de España no puede delegar sus competencias en las confederaciones hidrográficas; hay que asumir que el agua es de todos los españoles y dejar de generar reinos de taifas. Necesitamos una política de Estado en materia de agua basada en la solidaridad entre territorios y en la que se planifiquen las infraestructuras necesarias para acabar con las desigualdades en materia de agua», explicó Rubira.
«Trabajamos en una propuesta que nazca fruto del consenso, y eso es lo que esperamos por parte del Gobierno de España. Una revisión pactada con todas las partes y en la que se impongan los criterios técnicos y objetivos, lejos del habitual sectarismo hídrico que estamos sufriendo los últimos años», añadió la consejera murciana.
El documento, para el que hay de plazo hasta el próximo dos de mayo, detallará la necesidad de un acuerdo para establecer los criterios en los que se basarán los cálculos para determinar las cantidades de agua a enviar.
Por otro lado, Beardo puso el foco en la necesidad de financiación de localidades –como el Puerto de Santa María– donde la población se duplica durante la temporada estival. «El consumo se eleva un 50% más durante el verano y, por lo tanto, los servicios públicos básicos también necesitan un 50% más de financiación», advirtió el alcalde de El Puerto de Santa María.
Asimismo, apostó por un turismo que sea sostenible y que tenga una repercusión económica positiva en los vecinos durante todo el año. Para ello, pidió que a las zonas costeras donde se duplica el número de personas residentes durante la mitad del año, «al igual que en reparto del agua, habría que hablar de un reparto consecuente con la transferencia de personas que llegan a las poblaciones costeras» para, entre otras cosas, «poder acometer más inversiones hídricas», señaló.
Respecto a los proyectos y medidas hídricas que lleva a cabo el consistorio del municipio gaditano, Beardo recordó que en el Puerto de Santa María existe «una eficacia del 83%, por encima de la media de España» y que cada año se destina más de un millón de euros «en nuevas infraestructuras hídricas» para mejorar su eficacia.
«Lo primero que tenemos que hacer es no tirar agua potable al mar», denunció Beardo, que opinó que «las desaladores están bien como complemento», pero que la clave está en «ser más eficaces con los recursos hídricos que tenemos».
Mejor gobernanza y más inversión
Las empresas presentes en el foro solicitaron, en líneas generales, más apoyo desde el sector público y una mejor gobernanza.
En el segundo panel, «Gestión del agua, el reto del siglo XXI», intervinieron Rubén Ruiz, director de Continuidad de Negocio de Agbar, Grupo Veolia; Carlos García, director general de Genaq; José Claramonte, director general de Facsa; y Vicente Fajardo, director general de Global Omnium.
El director de Continuidad de Negocio de Agbar, que desde 2022 forma parte del Grupo Veolia, hizo hincapié en la importancia de «dotarnos de un sistema que nos permita desarrollar nuestra actividad sin mirar al cielo», para lo que abogó por «una mejor gobernanza» y sistemas «resilientes» en base a un mix de soluciones como la reutilización, desalación o acuíferos para «concretar la necesaria inversión en infraestructuras». Al respecto, Ruiz encontró la clave en «trabajar conjuntamente para garantizar la seguridad hídrica, planificando en base a las necesidades de crecimiento económico en cada territorio».
«La reutilización es la solución más sostenible, ya en marcha en regiones presentes como la Comunitat Valenciana y Murcia. También en Barcelona, donde ahora mismo el 25% del agua suministrada procede de agua reutilizada. En eso creemos que debe focalizarse el apoyo de la administración», concluyó Ruiz.
El director general de Facsa mostró su preocupación por los «periodos de sequías que están por venir». Claramonte aseguró que «desde Facsa queremos mostrar nuestra preocupación por el recurso agua» en un horizonte donde, según explicó, «el cambio climático va a extremar los episodios de sequía o lluvias torrenciales». Aunque apostó por la reutilización del agua, puso el foco en la «falta de financiación e inversión» para asegurar el agua a las próximas generaciones, ya que, según opinó, «todas las infraestructuras hídricas presentan un déficit de inversión».
[[QUOTE:PULL|||”Hace falta financiación e inversión para asegurar el agua a las próximas generaciones”]]
«Los últimos planes hidrológicos se han finalizado con solo una ejecución del 40%», añadió Claramonte. Al respecto, también advirtió de «un problema en la tramitación de estos proyectos» por parte de la administración pública. El director general de Facsa argumentó que la prioridad es «la mejora de la eficiencia, la pérdida de agua en redes, hacer un mix de reutilización-desalación y aprovechar todos los recursos».
Por otro lado, opinó que en España «no se pierde mucha agua» en comparación con la media europea, aunque se mostró de acuerdo en que se puede mejorar. «Necesitamos una metodología clara y concisa y que se penalice a los ayuntamientos que tengan malos rendimientos», espetó. Asimismo, insistió en que es «estrictamente necesario que haya un regulador nacional que sea capaz de decidir metodologías de cálculo» reales e iguales para todo el territorio. Además, se mostró en contra de que socialmente se penalice a una administración con una factura más cara del agua cuando «está invirtiendo en la renovación de ciento de metros de tubos al año, haciendo que dentro de diez o quince años no haya un problema grande de agua».
Por su parte, el director general de Global Omnium, recordó la necesidad de «agilizar los procesos administrativos, reducir las pérdidas de agua y aumentar la reutilización».
«El agua tiene un carácter transversal y en un contexto de sequía tenemos que estar preparados», afirmó Fajardo durante su intervención. «Necesitamos repercutir costes y mucha inversión», una situación que en Global Omnium se afronta desde hace «más de 130 años» a través de la digitalización e investigación. «Todo aquello que no se mide, no se puede mejorar», añadió.
Sin embargo, discrepó sobre las pérdidas de agua en España porque «a nivel nacional estamos a un 23% de pérdidas», una cantidad que consideró preocupante. En un escenario hipotético en el que «el objetivo fuese llegar a un porcentaje del 10%, en España ahorraríamos 500 hectómetros cúbicos, el consumo de casi seis veces de Valencia metropolitana», explicó Fajardo. Por otro lado, apostó por «reducir el aporte de agua limpia a los saneamientos» para reutilizar el agua. «Debe ser un momento de consenso entre todas las administraciones para dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones, pero midiendo y marcando los objetivos», concluyó el director general de Global Omnium.
García, en lo que a su ámbito de actuación se refiere, hizo hincapié en la necesidad de una legislación clara sobre «el uso de la condensación del aire y la humedad» para utilizar agua potable. «En Genaq desarrollamos generadores atmosféricos de agua que permiten captar la humedad que está presente en el aire para generar agua potable de alta calidad. Esta solución puede contribuir a mejorar el acceso de agua potable, principalmente en aquellos sitios donde el agua embotellada es consumida», explicó el director general de la empresa. Durante el coloquio, recordó que en el agua embotellada «hay presencia de microcontaminantes como microplásticos» y problemas como «la generación de residuos y sus requerimientos de reciclaje», lo que, según opinó, puede derivar en la «necesidad de separar la red de agua en dos: el agua de boca y el agua para otros usos». Explicó que, aunque ahora sería un cambio «radical» a nivel comunitario, sí que es posible a nivel doméstico, lo que aportaría beneficios para la salud a «un coste infinitamente más barato que el agua embotellada y que es sostenible en cuanto que puede ser alimentada por energías renovables».
Frente al desafío de la gestión del agua, García aseguró que «hay que contar tanto con las soluciones existentes como con soluciones infraexplotadas a través de la generación distribuida de agua como la captación del agua de lluvia, la reutilización del agua y la captación de la humedad ambiental en el ámbito doméstico».
Este foro se posiciona como plataforma para que líderes políticos, expertos en agua y representantes de la industria debatan y colaboren para encontrar soluciones sostenibles que respondan a las necesidades actuales y se anticipen los desafíos de futuro. Las discusiones centraron en esta ocasión en cómo las administraciones pueden garantizar el suministro frente a la creciente escasez y en las estrategias necesarias para gestionar el agua desde el ámbito privado.
