La ciudadanía tiene pocos mecanismos de defensa jurídica ante contingencias globales como la emergencia climática. Por eso hay que celebrar el precedente que ha sentado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, al dictaminar que la inacción de un gobierno contra el cambio climático puede ser considerada una vulneración de los derechos humanos. Aunque los efectos prácticos sean limitados, pues no supone sanción alguna, tiene un gran valor como jurisprudencia: abre la puerta a que puedan presentarse nuevas demandas contra Estados incumplidores y ayuda a crear doctrina sobre la responsabilidad de los gobiernos en la prevención.
La justicia, contra la inacción climática
